La militarización de Michoacán pone a prueba al presidente Peña Nieto

Alberto Cabezas

México, 22 may.- La militarización del estado de Michoacán pone a prueba la política y el discurso de seguridad del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que enfrenta un enorme reto al tratar de pacificar la zona por la vía armada, dijeron hoy a Efe varios expertos.

"La única salida que encontró el presidente (Felipe) Calderón en su momento fue la militarización y vemos que el esquema se está repitiendo", lamentó en una entrevista telefónica el jurista Julio Hernández Barros, de la Universidad Iberoamericana (UIA).

El especialista en Derecho Penal se mostró crítico con el despliegue de miles de marinos y militares en Michoacán, en marcha desde hace varios días, pero oficializado ayer por el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong.

El ministro anunció en Morelia, la capital del estado, que el despliegue militar continuará hasta que estén dadas las condiciones de paz y de seguridad en la misma entidad donde el antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, comenzó su combate a los grupos criminales con la participación de miles de soldados.

Según Hernández, el despliegue prueba que hasta el momento en "México no ha cambiado drásticamente su política de seguridad" con respecto al sexenio anterior.

"Ha habido intentos, ha cambiado en muchos aspectos la política, por ejemplo, hacia las víctimas de esta 'guerra', pero no hacia el crimen como tal", apuntó.

De los 113 municipios en que está dividido Michoacán, un estado con 4,3 millones habitantes, en 39 hay presencia de grupos criminales, sobre todo de las bandas criminales de "La Familia" y "Los Caballeros Templarios", y de grupos de autodefensa.

Estos últimos grupos están integrados por colectivos de ciudadanos que en zonas como La Ruana, Buenavista Tomatlán y Apatzingán se han transformado en policías para protegerse de los delincuentes y ocupar el vacío creado por los agentes policiales corruptos.

Hernández Barros aseguró que "una vez que hay una militarización, "es imposible retirarla de las calles inmediatamente".

En sentido parecido se pronunció Jorge Chabat, del Centro de Información y Docencia Económicas (CIDE), quien considera que a Peña Nieto "le está pasando lo mismo que a Calderón (2006-2012)".

La militarización de Michoacán "es una prueba de fuego para su discurso y para su retórica de cambio en la estrategia en la que yo creo que no tiene mucho margen de maniobra. Vamos a ver qué pasa", dijo a Efe Chabat.

"A pesar de las buenas intenciones de Peña Nieto no es tan fácil que estos grupos criminales sean controlados, al menos en el corto plazo, solo con prevención. De repente tienes que tomar acciones de este tipo que, obviamente, no son las ideales pero, como Estado, no tienes otra opción", indicó.

"Cuando tienes un Estado que no funciona se hace lo que puedes con lo que tienes y el resultado creo que va a ser lamentablemente muy similar, al menos en el corto plazo. En el mediano, creo que las cosas van a mejorar, como lo han venido haciendo durante un par de años", añadió el experto.

Por su parte, el coordinador del Programa de Seguridad Nacional de la UIA, Eruviel Tirado, consideró "preocupante" el despliegue en Michoacán aduciendo que con él Peña Nieto muestra que su plan, "al menos en el aspecto de los hechos (...), no se diferencia de Calderón".

Desde diciembre de 2006 Calderón implementó "'miniestados de sitio' al sacar al Ejército en las calles (...), eso nos llevó a que a fines del sexenio hubiese los índices de violencia, enfrentamientos y muertos, más altos de la historia", señaló.

Según cifras oficiales, unas 70.000 personas perdieron la vida en acciones vinculadas al crimen organizado durante el mandato de Calderón.

Tirado cree que la militarización de Michoacán complica aún más la situación porque se hace por orden expresa del Ejecutivo, saltándose a otras instituciones y sin respetar el artículo 29 constitucional, que regula los estados de excepción.

Un paso así, dijo, debería exigir "una intervención del Congreso, una deliberación" y cierta "corresponsabilidad institucional" que permita de ese modo proteger a las Fuerzas Armadas dentro de las reglas del Estado de Derecho.

"El problema no es sacar al Ejército a las calles, sino volverlos a meter" en los cuarteles, aseveró.