La oposición en bloque rechaza un decreto que contiene casi 70 errores

Madrid, 10 jul.- Los grupos de la oposición rechazarán hoy la convalidación del decreto de medidas urgentes para el crecimiento aprobado el viernes por el Gobierno por considerar que la forma legislativa elegida impide al Parlamento debatir sobre la veintena de leyes que modifica.

Durante el turno de fijación de posiciones, han afirmado que no pueden apoyar una norma de la que han tenido que corregir casi 70 errores sólo unos días después de su entrada en vigor y que se recogen en la disposición de 6 páginas que hoy publica el Boletín Oficial del Estado.

"Cacicada, corrupción democrática, barbaridad legislativa, desprecio al Parlamento, insulto a la oposición, hecho al dictado de empresarios afines, etc...", son algunos de los calificativos otorgados desde la oposición al real decreto, que han exigido que sea tramitado como proyecto de ley para que pueda haber debate.

El grupo popular se ha quedado sólo a la hora de apoyar una normativa que, según su portavoz, Alfonso Alonso, se aviene a la normativa parlamentaria.

"El PP da buenas noticias porque el país sale adelante, porque se crece, se crea empleo y se devuelve a los ciudadanos el esfuerzo que les hemos pedido durante estos dos años", ha subrayado Alonso, que ha asegurado que, con su postura, la oposición sólo pretende "tapar" un documento "demasiado bonito".

El diputado Pedro Aspiazu (PNV) ha asegurado que, por primera vez, su formación no participará en una votación, porque se trata de un "decretón" que deteriora el papel y la función del Parlamento y rebaja "la ya de por sí cuestionada calidad de la democracia".

Por el grupo catalán, el diputado de CIU Josep Sánchez Llibre ha pedido al Gobierno que rectifique y tramite las reformas como proyectos de ley, al tiempo que le ha acusado de "abusar de la mayoría absoluta" y de gobernar con "cierta prepotencia y soberbia".

Desde el grupo de Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha asegurado que el decreto supone una "corrupción de la democracia que ha asestado un golpe definitivo a la división de poderes" y ha pedido a los grupos que digan "basta ya" al Ejecutivo.

Para Ascensión De las Eras este "macrodecretazo" se hace en beneficio "de unos pocos empresarios afines a este Gobierno" y no de los ciudadanos, "que no van a sacar nada".

Por el grupo de UPyD, Carlos Martínez ha acusado al Ejecutivo de "insultar" a la oposición "con una soberbia enorme" y de no querer debatir las reformas contenidas en el decreto "para que la sociedad no se entere de lo que está tramando", a lo que ha añadido que con las medidas que contiene habrá "más Gowex".

Por el grupo mixto, el diputado de Amaiur Rafael Larreina ha avanzado el voto en contra de su grupo al considerar que la "urgencia" de la normativa es, en realidad, "la de PP pensando en las elecciones" porque las cuestiones que regula "eran urgentes también hace un año".

ERC tampoco votará, ha avanzado Teresa Jordá, quien ha acusado al Gobierno de lanzar el "decretazo" con el objetivo de "censurar la propia democracia y para aniquilar el parlamentarismo" y defender que los diputados no son "la comparsa de esta farsa democrática".

Olaia Fernández (BNG) ha asegurado que su formación no puede apoyar un decreto que ha sido elaborado al dictado de los poderes económicos para favorecer a determinados grupos empresariales y oligopolios y prescindiendo completamente del Parlamento.

"El BOE publica hoy seis páginas con errores que me he tomado la molestia de contar: 67", ha apuntado Joan Baldoví, que ha asegurado que el Gobierno ha elegido la vía del decreto porque quiere "silenciar" a un Parlamento que le estorba para su objetivo final: destruir el Estado social para erigir uno neoliberal.

Ana Oramas (Coalición Canaria) ha criticado al Ejecutivo por despreciar "absolutamente" al Parlamento al impedirle debatir el fondo de las reformas contenidas en el decreto.

"Se trata de una norma que reforma 26 formas legales. Pedimos tiempo parlamentario para poder debatir el fondo, por eso hoy tendrá un no por nuestra parte", ha afirmado la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos.

Antes del turno de fijación de posiciones, la portavoz del grupo socialista, Soraya Rodríguez, avanzó el rechazo de su formación a un decreto que recurrirán ante el Tribunal Constitucional por tratarse de una "barbaridad legislativa".