La oposición urge al gobierno a cumplir su compromiso de aprobar una ley de juego y combatir el fraude

La mayoría de los partidos políticos son partidarios de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cumpla con su compromiso de aprobar una ley de juego en España que combata el fraude y controle la reciente aparición de nuevos operadores en Internet, según la opinión recabada por Servimedia entre los representantes de la oposición.
La participación que la ONCE realiza en este sector resulta especialmente importante para formaciones políticas como PP, ERC, IU y BNG. Algunos de sus portavoces plantean incluso que esta organización debería tener un reconocimiento especial en la futura ley que prepara el Gobierno para garantizar que siga adelante con su importante obra social.
El diputado del Partido Popular Antonio Gallego recordó que "hace años" que se viene trabajando en la elaboración de una nueva ley, por lo que causa "sorpresa e indignación" que de repente haya anunciado la privatización de la Lotería Nacional con el fin de obtener nuevos ingresos financieros en estos tiempos de crisis.
Gallego se mostró partidario de "reordenar el juego mediante una ley" que regule de manera especial al sector en Internet y sin reducir derechos a la Lotería Nacional o a la ONCE.
A su juicio, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero debería "hacer los cambios pertinentes en el sector" antes de aprobar una nueva ley y advirtió de que renunciar a la mitad de las apuestas estatales supone "malvender la gallina de los huevos de oro".
Desde CiU, el diputado Josep Sánchez Llibre calificó de "precipitada" la propuesta del Gobierno para privatizar la Lotería Nacional mediante decreto ley y recordó que Zapatero se comprometió a presentar en enero una nueva ley que regule el juego en España.
El diputado del PNV Pedro Azpiazu señaló que una nueva ley del juego no resulta del todo prioritaria en estos momentos y advirtió de que privatizar la lotería estatal puede conllevar que en el futuro ocurra lo mismo con otros juegos.
Azpiazu afirmó que lo más importante es que los cambios que se produzcan "puedan redundar en beneficio de todos e implicar mayores recursos para el erario público" en estos tiempos de crisis económica y falta de ingresos para el Estado.
Desde Esquerra Republicana de Catalunya, fuentes oficiales aseguraron a Servimedia que este partido no ve con malos ojos que pueda aprobarse una ley del juego a nivel nacional similar a la que tiene Cataluña, siempre que "no invada las competencias de las comunidades autónomas".
MENCIÓN ESPECIAL A LA ONCE
ERC aceptaría incluso que la nueva normativa incluyese una mención específica a la ONCE como "operador especial" en materia de juego en España por el "objetivo social" de su negocio y el bien social que genera con sus actividades.
Lo que no está dispuesto a aceptar es que se produzca una privatización parcial de la lotería estatal porque significa "una pérdida de riqueza para las arcas públicas y, por lo tanto, para todos los ciudadanos".
El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se opone más que nadie a la privatización de la Lotería por entender que "traspasa una de las pocas ‘líneas rojas’ que le quedaban" por saltarde al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Advirtió de que es "pan para hoy y hambre para mañana, ya que se pone en manos privadas una de las fuentes más saneadas de ingresos" para el Estado. Cree que esta decisión impide cualquier acuerdo para aprobar la nueva ley que pretende el Ejecutivo y anuncia que estará "vigilante para que la venta no repercuta negativamente" en los ciudadanos.
Llamazares ensalzó también la "obra social" que realiza la ONCE gracias a los ingresos que genera su actividad en el juego, con la que da empleo a miles de personas con algún tipo de discapacidad a través de su Fundación.
Finalmente, el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, criticó que el Gobierno esté dispuesto a deshacerse de la Lotería cuando es "rentable" para el país, por lo que supondría una merma de la participación del Estado en sus beneficios.
Jorquera confió en que el Gobierno al menos sea "sensible a la importante función social" que representa la ONCE en el juego, para que no se vea perjudicada con la futura ley e incluso plantea que debería estudiarse una "regulación especial" que "diferencie" a la ONCE de "otros operadores de lotería" para garantizarle una cierta "cuota de negocio" que le permita atender su "labor social".