La Sección de Investigación de la Seguridad Social y la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a 250 personas por crear empresas ficticias con el fin de facilitar subsidios y regularizar su situación a los falsos empleados que contrataban.
Las sociedades, que no realizaban ninguna actividad y únicamente servían para que sus trabajadores cobraran el desempleo y otras prestaciones, dieron de alta a más de 1.700 personas y defraudaron casi nueve millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal.
Las empresas ficticias, que también sirvieron para que casi un centenar de extranjeros regularizara su situación en España, pertenecían a los sectores de la construcción, la hostelería, la limpieza y la jardinería, entre otros.
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Los detenidos de la denominada operación Costa han sido arrestados en Valencia, Alicante, Castellón y Murcia. Además de los 250 encarcelados, la Policía ha imputado a otras 400 personas que aún no han sido localizadas y que probablemente nunca lo serán, muchos de ellos extranjeros que se han aprovechado de esas subvenciones y que están viviendo en su países de origen.
La operación desarrollada en el Levante español ha sido la más importantes que ha llevado a cabo la Policía hasta el momento contra este tipo de delito. A finales del pasado abril, en el marco de la operación Turia II, la Policía destapó un fraude de 7,8 millones de euros, y en junio, en la denominada operación Manzanares, de 6,7 millones de euros.
Ya el pasado marzo, la Dirección General de Policía se propuso el objetivo de desmantelar todas las empresas ficticias que operan en España, que defraudan a las arcas públicas y que facilitan la regularización de extranjeros de forma ilegal, como anunció Seguridad y Tribunales.
Un mes después, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo firmaron un acuerdo de colaboración para potenciar la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Tanto el ministro Jorge Fernández Díaz como la ministra Fátima Báñez calificaron el convenio como de "muy necesario".
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El interés puesto por la Dirección General de la Policía en la persecución de este tipo de delitos ha provocado que se multiplique el número de operaciones y que, a falta de conocer los datos oficiales y de que termine el año, prácticamente se duplique la cantidad de fraude descubierto en 2013 con respecto al ejercicio anterior.
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