La Policía Nacional ha iniciado una investigación interna tras conocer la denuncia de que varios manifestantes fueron interrogados junto a sus abogados por agentes encapuchados tras su arresto en una manifestación no autorizada celebrada el pasado 10 de febrero en Madrid contra la reforma laboral, según han confirmado fuentes de la Dirección General de la Policía.
Estas mismas fuentes han indicado que ha sido el propio Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, quien ha ordenado recopilar toda la información relacionada con esta denuncia para determinar si procede la apertura de algún expediente disciplinario derivado de la actuación de los policías.
Fuentes policiales consultadas por Europa Press han explicado que no es habitual que los agentes realicen este tipo de diligencias policiales sin identificarse y sobre todo en presencia de los abogados ante los que es normal que se identifiquen y presenten su carné profesional. "De lo contrario podría ser cualquiera", han advertido estas mismas fuentes, que recuerdan que no es lo mismo un registro o una detención que un interrogatorio en Comisaria.La Policía subraya que los interrogatorios del 15M no vulneran la legalidad
Por su parte, la Dirección General de la Policía ha subrayado que los interrogatorios no vulneran la legalidad y ha eximido de toda responsabilidad al ex jefe superior de Policía de Madrid que, según fuentes policiales, los autorizó verbalmente. Fuentes de la Dirección General de la Policía han asegurado a Efe que este tipo de interrogatorios han ocurrido "puntualmente" en el pasado y no se consideran una práctica "adecuada" aunque tampoco son ilegales.
Los interrogatorios por parte de policías encapuchados tienen por objeto que los agentes no sean posteriormente reconocidos al ejercer su trabajo en la calle. En este sentido, las fuentes consultadas han eximido de toda responsabilidad por estos hechos al anterior jefe superior de Policía de Madrid Francisco Javier Redondo, ya fallecido, y han destacado que tienen "la mejor de las valoraciones" sobre su profesionalidad.
El actual director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha ordenado abrir una investigación previa a raíz de la denuncia de varios abogados que el pasado 10 de febrero asistieron a nueve detenidos del 15M tras una manifestación contra la reforma laboral en Madrid y que aseguran, entre otras cosas, que fueron interrogados por agentes encapuchados. La investigación recopilará toda la información sobre estas prácticas para determinar si hubo alguna responsabilidad disciplinaria y, en su caso, abrir un expediente a los agentes que tomaron las declaraciones en la Brigada Provincial de Información.
El PSOE exige a Cosidó explicaciones por los interrogatorios con encapuchados
El portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, Pedro Muñoz, ha presentado hoy una batería de preguntas orales dirigidas al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que explique los interrogatorios a manifestantes del 15M realizados por policías encapuchados. En un comunicado, el PSOE ha calificado de "no aceptable" esta práctica y se ha preguntado por qué se ha abierto una investigación interna si los interrogatorios no vulneran la legalidad como asegura la Policía.
El director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha ordenado abrir una investigación previa a raíz de la denuncia de varios abogados que el pasado 10 de febrero asistieron a nueve detenidos tras una manifestación contra la reforma laboral en Madrid y que aseguran haber sido interrogados por agentes encapuchados.
Para Muñoz, esta actuación policial es una muestra más de la "política de amedrentamiento" que ejerce el Gobierno del PP contra las protestas ciudadanas.
"Lo que hay detrás es una estrategia del PP que comenzó con la represión en la protesta contra la reforma laboral, ha continuado en las manifestaciones estudiantiles y que pretende restringir y cercenar el derecho a la manifestación de los ciudadanos y coartar sus derechos fundamentales", ha denunciado.
Precisamente, el PSOE ha presentado una proposición no de ley sobre ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución en la que insta al Gobierno a "garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente".
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