La protesta estudiantil sacó a Chile del aletargamiento e impulsó los cambios

Manuel Fuentes

Santiago de Chile, 15 dic.- La lucha de los estudiantes chilenos por una educación gratuita y de calidad a lo largo de este conflictivo e histórico año ha sacado al movimiento social del aletargamiento en que cayó tras la llegada de la democracia, pero ha colocado al Gobierno y partidos políticos ante una encrucijada.

Además de los jóvenes, el malestar de amplios sectores sociales como trabajadores, pobladores y ecologistas, ha dado pie a lo largo de este año a las mayores manifestaciones que se recuerdan desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.

La democracia chilena, consolidada sobre la base de la estabilidad política y el crecimiento económico, se enfrenta hoy al reto de acortar la profunda brecha social, responder a las demandas de la población y revitalizar unas instituciones poco valoradas por los ciudadanos.

En la base del estallido social se situó el descontento por un sistema educativo que, al igual que la atención sanitaria y las pensiones, fue privatizado durante el régimen militar.

Chile tiene uno de los sistemas escolares más segregados del mundo, ya que sólo el 15 por ciento de la financiación de la educación corre por cuenta del Estado, lo que a juicio de los expertos genera una profunda desigualdad.

Los estudiantes comenzaron a movilizarse en mayo con el fin de exigir una reforma al sistema impuesto en 1981 y que prácticamente se mantuvo inalterado durante los veinte años en que gobernó el centroizquierda.

Cientos de miles de jóvenes salieron a las calles, pero a medida que el conflicto se iba extendiendo, el diálogo se fue estrechando hasta que en octubre los estudiantes de secundaria y los universitarios, agrupados en torno a la poderosa Federación de Estudiantes de Chile y su carismática líder Camila Vallejos, rompieron las conversaciones con el Gobierno.

Después, el debate se trasladó al Parlamento, donde a fines de noviembre se aprobó el presupuesto de educación para 2012, con un aumento del 10 por ciento respecto a este año, hasta los 12.000 millones de dólares.

Esas cuentas prevén un incremento de 300 millones de dólares de los fondos para becas de educación superior para 2012, así como un incremento del 5 por ciento en las aportaciones estatales a las 25 universidades más importantes.

Pero los estudiantes, que aspiran a una educación gratuita universal, insisten en que esas mejoras no suponen una reforma al sistema y advierten de que el próximo año continuarán con las movilizaciones.

No obstante, también ha habido demandas políticas, como el derecho al plebiscito y la supresión del sistema de representación binominal, o sindicales, como el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva.

A lo largo de este año, las calles han sido escenario de las multitudinarias protestas de los estudiantes, de los ecologistas que rechazan la construcción de presas en la Patagonia, o de ciudadanos de lugares donde las condiciones de vida son especialmente duras, como la austral región de Magallanes o la desértica ciudad de Calama.

Para hacer frente a la apurada situación política motivada por la la radicalización de las protestas sociales, el fuerte descenso en su popularidad y los desaciertos de algunos de sus ministros, el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a efectuar varios cambios en su gobierno.

Desde fuera resulta difícil comprender por qué prende la conflictividad social en un país que goza de estabilidad política, que está creciendo a un ritmo del 6 por ciento, con un nivel de desempleo en torno al 7 por ciento, y que constituye el mejor lugar para hacer negocios de América Latina.

Pero la prosperidad económica del país más avanzado de la región no se ha plasmado en una mejora de la calidad de vida de las familias chilenas, pues a pesar de que en los últimos veinte años Chile creció a un promedio anual del 5,1 por ciento y la renta per capita es de 14.341 dólares (2010), el país permanece entre los quince más desiguales del mundo.

Las encuestas muestran que los chilenos no se sienten representados por el Parlamento y cuatro de cada diez ciudadanos no participan en las elecciones, una situación que es aún más grave en el caso de los jóvenes: de cada cien ciudadanos entre 18 y 24 años, sólo siete ejercen su derecho a voto.