Después del toque de atención que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dio la semana pasada al Fiscal General, Eduardo Torres-Dulce, Gobierno y Estado vuelven a ser dos líneas paralelas que comparten principio y fin. Haya habido presiones o no desde el PP, el Ministerio Público finalmente se ha querellado contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau.
Mas desafió a las instituciones del Estado afirmando que si querían responsables jurídicos por la consulta alternativa, le buscaran a él. Ahora se le acusa junto a la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones públicas.
El Gobierno insiste en su respeto a la Fiscalía, tanto cuando interpone querellas como cuando no lo hace. La vicepresidenta tuvo que recordar a Torres-Dulce su posición como 'superior' sobre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien decidió no demandar a Mas. También se tuvo que salir al paso de las acusaciones al Gobierno de estar presionando a los fiscales para imprimir celeridad a su decisión. Los rumores fueron alimentados con mayor motivo tras las declaraciones de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, cuando se adelantó a la Justicia al afirmar que la Fiscalía se querellaría contra Mas.
Más allá ha ido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Junto a la vicepresidenta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, asegura que "está totalmente de acuerdo" con el Ministerio Público pero asegura la independencia de la decisión.
La relación de Torres-Dulce y el Gobierno del PP no ha sido fácil durante los últimos años y ha surgido roces con los dos últimos ministros, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá. Gallardón dejaba en un segundo plano al órgano que preside Torres-Dulce en nombramientos, renovación de instituciones y reformas legales -como la del Código Penal y el Código Procesal Penal-.
Torres cuestionó la necesidad de elevar las penas en el nuevo Código Penal como hizo Gallardón o en el acierto de las medidas para luchar contra la corrupción impulsadas por el Ejecutivo.CiU dice sufrir una persecución política
Al otro lado del Ebro, la respuesta de CiU y el Govern ha sido el cierre de filas en torno a los tres acusados y acusan al Gobierno de Rajoy de estar practicando una persecución policial. Joana Ortega se siente tranquila, ha dicho hoy en Barcelona. No tiene remordimientos de conciencia porque, asegura que no hizo nada ilegal el pasado 9 de noviembre. Según ha comentado, está recibiendo numerosos apoyos por parte de sus compañeros de partido, como de otros personajes políticos y de la sociedad catalana. Algunos de ellos se han autoinculpado a sí mismos como un gesto de 'solidaridad'.
El mismo acto realizó el Parlament. Con los votos del bloque soberanista se aprobó que las responsabilidades penales derivadas del 9N recayeran sobre la cámara en conjunto pese a que PSC, PPC y Ciutadans no apoyaron con sus escaños la celebración del proceso alternativo.El 9N reaviva la bicefalia del PSOE
En el PSOE se ha vuelto a abrir una brecha entre el secretario general, Pedro Sánchez, y la dirigente con mayor poder institucional, Susana Díaz, quien tiró de la federación andaluza para aupar al madrileño hasta el sillón de Ferraz.
La presidenta andaluza cree oportuna la querella que ha interpuesto la Fiscalía, y pide respeto a las decisiones judiciales. Sin embargo, para Sánchez es "una mala noticia política". Su análisis es que esta actuación dificultará "y mucho" las posibilidades de diálogo.
Relacionado con el pulso soberanista, se ubica la tan pregonada pero poco aclarada reforma constitucional del PSOE y su propuesta para una España federal, un proyecto que aún está verde después de que Sánchez haya decidido ampliar la 'Declaración de Granada' de Rubalcaba. La presidenta andaluza no está dispuesta a apoyar un federalismo asimétrico en el que Cataluña tuviera más competencias que el resto de territorios.
El debate sobre el modelo territorial y cómo gestionar el 9N es un nuevo capítulo en las discrepancias entre los dos líderes socialistas, que se suman a la posibilidad de pactar "con el populismo", en referencia a Podemos, o la intervención de Pedro Sánchez en 'Sálvame'. Susana Díaz afirmó en una entrevista periodística que ambos tenían diferentes estrategias.
La bicefalia que vive el partido quedó patente en una de las últimas visitas de la presidenta de la Junta a Madrid para asistir a un desayuno informativo. 20 diputados plantaron a Sánchez en un cara a cara con Rajoy sobre corrupción para estar al lado de la andaluza. Entre ellos, Eduardo Madina.
[Para saber más: 'CDC y ERC dicen 'no' a la reforma constitucional que propone Pedro Sánchez']
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