La R.Checa no cede en la controvertida castración de delincuentes sexuales

Gustavo Monge

Praga, 20 ene.- La República Checa, único de país de la UE donde se practica la castración quirúrgica como parte del tratamiento a los condenados por delitos sexuales, ha decido desoír las críticas de las organizaciones mundiales pro derechos humanos y avanzar en la legalización de esta práctica.

El próximo 1 de abril entrará en vigor en el país la ley de servicios sanitarios específicos, en cuyo catálogo figura la castración como operación para combatir comportamientos sexuales violentos, lo que ha vuelto a intranquilizar a las citadas organizaciones.

Según las estadísticas, 83 hombres fueron castrados entre 2000 y 2010 en los siete hospitales psiquiátricos que admiten a condenados por delitos sexuales.

Pero aunque las cifras demuestran igualmente un descenso de estos delitos durante la pasada década, Praga parece no tener voluntad de eliminar de inmediato este castigo.

"En comparación con el extranjero, el número de intervenciones resultantes en la extirpación completa de los genitales es todavía muy alta", dice la memoria sobre el estado de los Derechos Humanos en la República Checa correspondiente a 2010.

Sin embargo, en esta pugna entre la dignidad e integridad física y los requerimientos de la profesión médica ha prevalecido una solución de compromiso.

"El Gobierno ha aprobado los pasos que aseguran que esta materia estará en los próximos años en el centro de interés del ministerio de Sanidad, y que obtendremos más argumentos de peso para dar los siguientes pasos", afirmó a Efe Matyas Zrno, representante de la oficina gubernamental para los Derechos Humanos.

En la República Checa la extirpación de órganos genitales masculinos en pacientes con diagnosis de desviación sexual es práctica relativamente extendida, cuando existe petición por escrito del delincuente, lo que no siempre resulta fácil de verificar.

Según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), "las instituciones checas están convencidas de que la castración quirúrgica es el modo más apropiado para reducir la tasa de reincidencia de los que comenten delitos sexuales, aunque no existe ningún estudio científico de fondo".

El CTP lleva desde 2006 abogando por una prohibición inmediata, a través de una moratoria de la aplicación de la ley, pero la castración estaba ya regulada en el país eslavo en el régimen totalitario comunista.

Dicha entidad no ha ahorrado críticas a la nueva legislación y obligado al ministro de Sanidad, Leos Heger, a salir al paso para defenderla durante el consejo de ministros del 18 de enero.

Hace dos años, fue el Consejo de Europa quien atacó a Praga por esta mutilación irreversible, tras denunciarse casi un centenar de casos en la década pasada.

Robert Dojcar, sexólogo del hospital psiquiátrico de Sternberk, afirmó que, aunque en este centro no se realizan castraciones, estas operaciones "están ligadas a un delito sexual, por lo tanto está considerado como un mal menor", y añadió que "la sociedad tiene derecho a aislar al criminal".

Se refirió asimismo a que el avance de la medicina "los compuestos químicos que debilitan la función sexual no hacen necesarias estas castraciones", y mencionó el "límite ético", al tratarse de un proceso irreversible.

"Es una de las terapias posibles, aunque aquí en Brno actualmente no lo practicamos", declaró Marek Radimsky, director del hospital psiquiátrico de la segunda ciudad del país.

En su centro se practicaron ocho castraciones entre 2000 y 2004, mientras que el mayor número de casos, 34, tuvo lugar en el de Havlickuv Brod.

Radimsky aseguró que, en el caso de castraciones se practican de acuerdo con los estándares y "con la aprobación de la biomedicina".

Este particular debe ser ahora verificado por el ministerio de Sanidad, que además, por encargo del gobierno, debe explicar cómo son los estándares y procedimientos para este tipo de cirugía invasora.

"La sociedad está en contra de que se prohíba la castración", vista como una forma de defenderse, afirmó taxativamente Marketa Prunerova, portavoz de los servicios penitenciarios checos.

En la prisión de Kurim-Brno, una cárcel con 663 reclusos, y repleta al 137 por ciento de su capacidad, existe una unidad especial con condenados por delitos sexuales graves.

Prunerova afirmó que el Estado no realiza castraciones en su red de cárceles, y que, en cualquier caso, "no se trata de un tema agudo que haya que resolver".