La sal enfrenta al Gobierno colombiano y los indígenas wayuu

(Manaure, Colombia). Donde Sudamérica se interna dentro del Caribe se extienden sobre el océano sábanas de sal, de un blanco reluciente bajo el sol implacable.En la ciudad costera de Manaure, donde se encuentran los mayores depósitos de sal de Colombia, los mineros de la etnia wayuu caminan arrastrando sus chancletas sobre una mezcla de sal, arena y agua de mar que les quema la planta de los pies. A paladas, echan la sal en sacos de 100 libras que venden a una empresa cercana.

Pese a los sueldos miserables y el trabajo extenuante, la minería artesanal es vital para el pueblo wayuu. Las minas son para ellos una clave para su desarrollo económico y social.Pero las montañas de sal son objeto de una vieja lucha entre los wayuu, en cuyo territorio están las reservas salinas, y el Gobierno colombiano, que rechaza una y otra vez las órdenes de los tribunales para ceder su control. "El Gobierno no permite que nos desarrollemos", dice Armando Valbuena, líder de los wayuu.

Los wayuu llevan siglos extrayendo sal. En 1970 firmaron a regañadientes un acuerdo que permitía al Gobierno cerrar los lagos de agua salada donde solían pescar para empezar operaciones mineras, compensándoles a cambio con viviendas y educación. Los wayuu dicen que aquellas promesas nunca se cumplieron.

El Gobierno ha industrializado la producción a lo largo de enormes franjas de salinas. La maquinaria extrae la sal, que después pasa por un proceso de limpieza y circula a lo largo de unas tuberías hasta depositarla en unos inmensos montículos de varios pisos de altura.Pero algunos mineros independientes, la mayoría wayuu, se quedaron con sus propias parcelas (llamadas charcas) y venden la sal que extraen a la compañía gubernamental.

Algunos de ellos viven en cabañas destartaladas encajadas en un trozo de terreno entre el océano cegador y las llanuras de sal. "Nacimos aquí y moriremos aquí", dice José Antonio, un minero.Cuando el acuerdo con el Gobierno terminó en 1990, los wayuu propusieron la creación de una compañía de propiedad mixta entre ellos y los gobiernos nacional y municipal.

Finalmente, tras años de espera, el presidente Álvaro Uribe aprobó en 2004 la creación de una empresa cuya propiedad se divide entre el Ministerio de Comercio (51 por ciento), el pueblo wayuu (25 por ciento) y el municipio de Manaure (24 por ciento). Posteriormente, los tribunales dictaminaron que el Gobierno tenía que entregar su 51 por ciento a los wayuu.Pero hoy los wayuu y Manaure todavía esperan a que les den lo que se les debe.

El Gobierno y los wayuu no han acordado aún la fórmula para administrar las salinas, que las autoridades estudian volver a poner en manos de un operador privado. La propuesta ha desatado numerosas dudas sobre lo que podría representar esta decisión para el futuro de la etnia indígena. "El gobierno nos quiere poner un operador sin alma", asegura Elmer Altamar, un líder wayuu que ha organizado varias huelgas entre los trabajadores.

"Si el operador sólo viene a por las charcas industriales, ¿qué pasará con las que son artesanas?", se pregunta Verónica Aguilar, miembro de Wayaa Wayuu, un grupo de mujeres mineras que participa en la propiedad de Salinas Marítimas de Manaure (SAMA).

Las mujeres son quienes explotan en su mayoría la minería artesanal, tanto como propietarias de charcas como mano de obra. Mujeres como Aguilar consiguen ganar unos 880 euros (1.200 dólares) anuales. Fruto de su trabajo se extraen unas 60.000 toneladas de sal al año, frente a la producción industrial que suma 350.000 toneladas. La sal producida de forma manual y más sucia obtiene un precio menor en el mercado que la sal blanca que sale de la industria mecanizada. En conjunto, Manaure produce el 65 por ciento de la sal que consume Colombia.

Los wayuu quieren que se establezcan las condiciones para futuras operaciones mineras, incluyendo la regulación del precio de la sal que se paga en origen, de modo que los mineros reciban algo parecido a un sueldo digno. Dicen que no quieren volver por completo al método artesanal, sino mantener las dos industrias y que ambas logren mayor producción y beneficios.

No sólo se trata de negocios. Para los líderes wayuu la sal es un instrumento para el desarrollo social. Quieren un operador que apoye a la comunidad y contribuya a la mejora de las carreteras, los servicios educativos y la vivienda. Saben que las salinas no van a resolver el problema del desempleo. Así que para ayudar a combatirlo han puesto en marcha algunas ideas, como la utilización de los beneficios del sector para generar otras fuentes de empleo en proyectos de pesca y agrícolas.Pero para poder hacerlo, los wayuu necesitan ejercer el rol de propietarios que se les ha concedido sobre el papel.

Por ahora, la compañía está bajo el control de un administrador nombrado por el Gobierno, hasta que se encuentre un operador y le transfieran los bienes. Esa es al menos la teoría, pero Valbuena dice que "ya no creemos en el Gobierno; ya han pasado 20 años".