La Sanidad española tiene muy mala salud

En la reunión del martes 7, los ministros de Economía y Finanzas de la UE, Ecofin, estuvieron de acuerdo en que para garantizar la calidad de los servicios públicos de sanidad europeos, era necesario reformarlos. Al terminar la sesión la Vicepresidente de Economía española declaró que el servicio público de salud en España es uno de los más eficaces y con menor coste.

¿Menor coste? En realidad nadie sabe cuánto cuesta en España el servicio sanitario. Con palabras del CES, el Estado transfiere cada año a las comunidades autónomas el dinero necesario para “garantizar financiación suficiente a todas las comunidades para que puedan prestar los servicios (sanidad, educación y servicios sociales, fundamentalmente) en condiciones similares, pero no garantiza el destino final de los recursos”. En román paladino: el Estado sabe el dinero que transfiere, pero desconoce lo que se hace con él. Habrá autonomías que añadan dinero a esa partida y habrá otras que dediquen parte de lo recibido a otras finalidades. Es posible que entre las 17 autonomías también haya alguna se gaste todo y solo lo recibido.

Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011, las comunidades autónomas dedicarán a gasto sanitario el 36 por ciento de su presupuesto. Es una cifra orientativa, pero sin mucho sentido porque no se conoce su evolución, ni la de los respectivos presupuestos autonómicos, ni de su comparación nacional y/o internacional.

Una pequeña mejora en farmacia doméstica

En lo único que parecen coincidir la Vicepresidenta y el informe del CES es en la evolución positiva del gasto farmacéutico. “Hemos mejorado –dijo Salgado en Bruselas—en el uso eficiente del medicamento”. Para el CES siendo, cierta la mejora del uso de medicinas vendidas en farmacias “se detecta tanto una carencia de datos homogéneos como de actuaciones dirigidas a la gestión de farmacia hospitalaria”, es decir la que se receta y consume dentro de los hospitales.

Aunque el CES resulta genéticamente un organismo sujeto a las normas de la corrección política y del consenso, en su informe Desarrollo Autonómico. Competitividad y cohesión social en el sistema sanitario deja bien claro que el sistema sanitario español se podría definir como un reino de taifas en el que las cuentas no están nada claras, el enfermo no recibe un trato igual en todo el territorio nacional, el personal está poco menos que cautivo en su propia autonomía y en la gestión y la investigación se dilapidan recursos. En informe se publicó hace mes y medio pero, significativamente, ha pasado inadvertido. Es prácticamente seguro que la Vicepresidenta Salgado no lo ha leído.

Este agujero negro, informativo y económico, se produjo en el mismo momento de la definitiva descentralización de la gestión de los servicios sanitarios—año 2002--, pues esta se hizo sin que hubiera “una planificación detallada ex ante de cómo ejercería el Estado su función de coordinación o de cuáles serían los instrumentos de coordinación más eficaces para (…) mantener los servicios sanitarios prestados con el carácter universal y transferible a los ciudadanos de unos y otros territorios”.

“Hasta el momento –sigue el CES—no han sido satisfactorios los resultados del ejercicio de la función de coordinación que corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad y que debería fortalecerse”.Por otra parte, y derivado también del mal planteamiento descentralizador, el CES advierte que la actual “autonomización” y descoordinación del sistema sanitario puede suponer “una pérdida de economías de escala en ámbitos muy relevantes desde el punto de vista del control del gasto, como la gestión de compras”. Por otro lado, “es preciso definir más claramente una cartera común de servicios básicos y articular la validez de la tarjeta en todo el territorio del Estado”.

Los problemas de personal

“Llama la atención en primer lugar, que no exista hasta el momento una herramienta estadística única y homogénea que facilite una visión completa del volumen y las características del personal sanitario y no sanitario al servicio de las instituciones sanitarias públicas”.

“Cuando en 2006 la Comisión de Recursos Humanos del Servicio Nacional de Salud alcanzó por fin un Acuerdo en torno a los criterios homogéneos que deberían regir dicha carrera profesional, ya existían quince normas que regulaban distinto modelos autonómicos de carrera profesional.

“La ausencia de una planificación de conjunto y de coordinación de las políticas de recursos humanos de los servicios autonómicos, con una notable diversidad de foros de negociación, está produciendo problemas de eficiencia y de gestión en el sistema”.

“Las diferencias en los esquemas de categorías profesionales creados en los distintos servicios de salud, los distintos componentes de los modelos de carrera profesional, la escasa comparabilidad de los sistemas retributivos o de requisitos y méritos adicionales dificultad la movilidad geográfica, que cuando se produce es a través de estrategias individuales de captación y retención, ajenas a lo que sería una estrategia coherente de conjunto”.Problemas de gestión y administración ¿el copago?

El sistema sanitario es cada vez más caro y se come más tarta de los presupuestos generales del Estado y de las autonomías. Con los pocos datos disponibles el CES señala que este aumento continuado del gasto no se debe tanto al envejecimiento de la población como a los factores internos del propio sistema “en particular el aumento de los precios relativos de los recursos humanos, la tecnología sanitaria y los medicamentos, el cambio tecnológico incesante y la creciente intensidad de recursos por acto médico”.

Con los pocos datos disponibles el CES concluye que en todas las comunidades autónomas se observan tendencias de gasto similares. “La atención hospitalaria y especializada sigue concentrando la mayor parte del gasto y registrando un aumento de su peso relativo en detrimento de la atención primaria contrariamente a lo recomendado en todas las instancias”.

Con evidentes carencias presupuestarias y el imparable aumento de los gastos el CES concluye que la “las vías para garantizar la financiación de un sistema sanitario público de calidad (…) consisten en aumentar la eficiencia y la eficacia del sistema de provisión sanitaria, priorizar el gasto sanitario respecto a otras políticas públicas y/o aumentar los ingresos impositivos con esa finalidad”.