La violencia desangra las tres provincias musulmanas del sur de Tailandia

Miguel F. Rovira

Bangkok, 7 ago.- A unas cuatro horas por carretera de las playas de Phuket, invadidas por turistas, una revuelta separatista de corte islámico desangra tres provincias de mayoría musulmana del sur de Tailandia.

La vida lúdica en este destino turístico repleto de hoteles y de establecimientos para la diversión del extranjero es muy diferente a 370 kilómetros de distancia, donde empieza una región rural en la que han muerto unas 5.300 personas durante ocho años de conflicto.

Las provincias de Pattani, Yala y Narathiwat son desde entonces un campo de batalla en el que se están atrapados 1,7 millones de habitantes, incluidos religiosos musulmanes y budistas, maestros de escuelas públicas, comerciantes, funcionarios o trabajadores de las plantaciones de caucho.

Pero el principal objetivo de los insurgentes son aquellos sobre quienes sospechan que cooperan con el Ejército tailandés o trabajan en la administración local aunque sean musulmanes y que en conjunto representan el 60 por ciento del total de la víctimas mortales.

El conflicto también ha llevado a miles de familias de religión budista a abandonar la región por miedo a ser blanco de los rebeldes a pesar de que el Gobierno central tiene desplegados cerca de 40.000 soldados y policías, que reciben el apoyo de unos 20.000 milicianos reclutados de entre la población civil.

La notable presencia de efectivos y el estado de excepción que rige en áreas de esta región han sido insuficientes para contener a los insurgentes del movimiento separatista islámico, formado por varios grupos armados que, aparentemente, actúan sin tener un mando único y nunca reclaman la autoría de los ataques.

Desde que reanudó la lucha en 2004, tras la adopción de una nueva política que implicó desmantelar la estructura administrativa en la que participaban representantes la sociedad, la insurgencia ha aprendido a matar con mayor precisión.

Ello, pese a las muchas medidas militares y de acercamiento a la población musulmana adoptadas por el gobierno de Tailandia, donde el 94 por ciento de sus 63 millones de habitantes son budistas y de cuyas arcas estatales han salido unos 180.000 millones de baht (6.000 millones de dólares) para gastar en este conflicto.

Además de ataques y emboscadas con armas automáticas o decapitar a monjes o civiles, los rebeldes emplean cada vez con mayor frecuencia las bombas artesanales activadas mediante control remoto para atentar contra convoyes militares y edificios públicos o privados.

El profesor Sisompob Jitpiromsri, profesor de la Universidad de Pattani y uno de los más destacados expertos en la insurgencia, cree que sus intenciones son barrer de budistas las tres provincias, desacreditar al Gobierno tailandés y establecer en estas estrictas leyes islámicas.

Por su parte, los musulmanes de la región acusan a las fuerzas de seguridad de abusar de los poderes que les da la aplicación del estado de excepción y que según las organizaciones comprometidas con los derechos humanos, a menudo se traduce en detenciones arbitrarias, secuestros y desapariciones de civiles.

"La presencia de los militares está destruyendo nuestra cultura", señaló a la prensa local Sa Intharak, representante de la asociación regional de profesores de enseñanza privada.

El constante goteo de víctimas aumenta durante ciertas épocas del año como en el mes de ayuno musulmán.

Desde el inicio del Ramadán, el pasado 21 de julio, al menos 35 personas, la mayoría de ellas efectivos del Ejército y policías, han muerto en acciones llevadas a cabo por los rebeldes, unas veces en pareja y otras en grupos de hasta veinte.

Los insurgentes denuncian que la población local, de la que el 80 por ciento es de la etnia malaya, profesa la religión musulmana y habla otra lengua diferente a la tailandesa, es discriminada por la mayoría budista del país y exige la creación de un Estado islámico que integre la tres provincias que configuraron el antiguo sultanato de Pattani, anexionado por Tailandia hace un siglo.