Las asociaciones judiciales, divididas ante el auto del juez Pedraz sobre el 25S

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha asegurado que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz "se ha excedido" al introducir en el auto de archivo de las diligencias del 25-S comentarios sobre los políticos y ha indicado que el magistrado "carece de parámetros para valorar cual es el sentir general de la opinión pública española".

El portavoz de la APM, Pablo Llarena, ha concretado que, además, la opinión subjetiva del juez no debe tener trascendencia a la hora de valorar una presunta actuación delictiva.

Por su parte, la Jueces para la Democracia (JpD) ha opinado que, en el auto, Pedraz se refiere a la "decadencia" de la clase política no como una opinión personal, sino como algo que comparten los organizadores de esta protesta.

Joaquim Bosch, portavoz de JpD, valoraba así que el magistrado de la Audiencia incluyera esta alusión a la "decadencia" política en el auto conocido este jueves, en que no ve delitos contra la nación en la protesta que se llevó a cabo el 25 de septiembre pasado con el lema 'Rodea el Congreso'.

A este respecto, Bosch opinó que "el auto está muy bien fundamentado jurídicamente en todos sus extremos", al tiempo que sostuvo que el párrafo sobre los políticos se refiere a lo que piensan los promotores del 25-S y no el propio juez.

Pedraz ha defendido este jueves la legitimidad de defender "opiniones subjetivas" como las planteadas en la protesta celebrada el pasado 25 de septiembre ante el Congreso de los Diputados "máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política".

En el auto en el que archivaba las diligencias abiertas contra los organizadores de la manifestación, el magistrado recuerda que la libertad de expresión ampara este tipo de manifestaciones y recuerda que exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente mediante la dimisión del Gobierno en pleno en modo alguno puede ser un delito.

"No sólo porque no existe sino porque en caso de sí existiera atentaría claramente al derecho fundamental de la libertad de expresión", dice el juez, que insiste en que este derecho fundamental está amparado por la Constitución.