Madrid, 25 ene.- Las Juventudes Socialistas (JSE) han criticado hoy las reformas propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, porque son las de la "derecha extrema", recortan derechos, "limitan la justicia e imponen los prejuicios ideológicos más retrógrados" del país.
En un comunicado, el secretario general de la organización juvenil del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que con las propuestas de Gallardón, el PP "se quita la máscara" y enseña "su verdadera escala de valores ultraconservadores".
Los jóvenes socialistas se refieren a la comparecencia del ministro en el Congreso, en la que ha anunciado la posible instauración de la prisión permanente revisable, la reforma de la leyes del Aborto y del Menor y el copago judicial, entre otras medidas.
Para Sergio Gutiérrez, las propuestas "de corte populista" en la justicia, como "la cadena perpetua" sirven para "maquillar" lo que los jóvenes socialistas consideran "retrocesos y recortes sociales".
Con respecto a la posible implantación del copago judicial, JSE recuerda que la consecuencia sería "limitar el acceso a la justicia a quien pueda permitírsela", y en este sentido exigen a Gallardón que retire la propuesta y busque otras soluciones para solucionar "la excesiva carga de trabajo judicial", ya que, argumentan, la implantación del copago supone "sólo esconder el problema".
Por otro lado, Gutiérrez califica de "retroceso" la reforma de la ley del aborto, y opina que los populares quieren que las mujeres "renuncien a sus derechos y vuelvan 30 años atrás".
Para los jóvenes socialistas esta propuesta demuestra que el PP "detesta el derecho de las mujeres a abortar libremente" porque, según ellos, "choca con su pensamiento conservador de extrema derecha en el que la mujer no toma decisiones".
En referencia a la posibilidad anunciada por el ministro de implantar una pena de prisión permanente revisable, JSE considera que se trata de una medida "populista e inútil", y recuerdan que la tasa de criminalidad "ha descendido en los últimos ocho años" por la mejora y trabajo conjunto de la Policía y Guardia Civil".
Además, la organización exige que la reforma de la ley del menor "respete un trato diferenciado con los mayores de edad", para que pueda garantizarse un proceso justo tanto para los inculpados como para los demandantes.
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