Las partes personadas prevén recibir el sumario en las próximas horas

Alicante.- Las partes personadas en la pieza del caso Brugal relativa a las supuestas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante prevén recibir en las próximas horas el contenido del sumario, cuyo secreto ha sido levantado hoy por el juez instructor.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe han señalado que a primera hora de la mañana han recibido el auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, les informa del levantamiento del secreto del sumario.

A última hora, el juez ha aceptado la personación del PSPV-PSOE en la causa como acción popular.

Por ello, las partes personadas en esta pieza del Brugal son los socialistas y EU-IU (acción popular), el constructor Enrique Ortiz y también los abogados José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa y diputada autonómica electa de Alicante (Sonia Castedo), y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista.

El bufete profesional de José Luis Castedo y Javier Gutiérrez fue registrado el pasado 14 de abril por agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, de donde se llevaron diversos documentos y soportes informáticos ante las sospechas de que pudieran haber sido intermediarios entre Ortiz y el ayuntamiento para influir en el diseño del PGOU.

En las escuchas policiales del caso se apunta al ex alcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi y a su sucesora y última vencedora en las elecciones del 22 de mayo, Sonia Castedo, ambos del PP, como supuestos implicados en las irregularidades.

Una vez que estudien la documentación, las partes podrán aportar información o solicitar la práctica de nuevas diligencias.

Además, el magistrado Tejada ha dado un plazo de 20 días naturales a la policía judicial para recibir el resultado de las diligencias que les había solicitado previamente.

La pieza separada del PGOU alicantino es una de las casi veinte ramificaciones surgidas a raíz de la investigación inicial, que se giró en torno a las supuestas irregularidades en la concesión del servicio de basuras de la ciudad de Orihuela.

A partir de ahí se autorizaron diversas escuchas a los implicados que condujeron, entre otras ramas, a investigar supuestas ilegalidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja, lo que desembocó en la detención e imputación del presidente provincial del PP y de la Diputación, José Joaquín Ripoll, entre otros.

Los informes policiales sobre lo ocurrido en torno al PGOU alicantino aprecian posibles delitos por parte de los populares Díaz Alperi y de la alcaldesa Castedo, así como del constructor Ortiz, entre otros.

A su vez, Ortiz ya había sido imputado por el juez de Orihuela en la parte del Brugal que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.