Legislativo de P.Rico debatirá proyecto que quita a presos el derecho a votar

San Juan, 22 ene.- Puerto Rico estudia retirar el derecho al voto a los más de 12.000 presos que hay en la isla, idea que ha generado polémica justo una semana después de que el gobernador Alejandro García Padilla anunciara que valora favorecer el voto a los inmigrantes sin permiso de residencia.

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes celebra esta semana vistas públicas para discutir el Proyecto de la Cámara de 1296, que le retiraría el derecho al voto a los 12.293 reos que hay en las 34 cárceles de la isla.

El presidente de esa comisión, José "Conny" Varela, explicó hoy a Efe que los representantes Ángel Bulerín Ramos, del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), y Carlos Vargas, del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), "pretenden quitarle el privilegio que tienen los confinados a ejercer su derecho al voto".

El voto a los presos les fue otorgado tras la aprobación de la Ley Número 3 del 8 de septiembre de 1983, firmada por el entonces gobernador Carlos Romero Barceló, del PNP.

Los presos votaron en las elecciones generales de 1984, donde Rafael Hernández Colón, del PPD, fue elegido como gobernador de la isla.

En los EE.UU., solo los estados de Maine y Vermont permiten a los presos votar, mientras que 17 países de Europa, entre ellos Croacia, Alemania, Irlanda y República Checa, según un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), también conceden ese derecho.

Varela adelantó que la semana próxima acudirán a las vistas públicas directivos del Departamento de Corrección y Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) de Puerto Rico, Ever Padilla-Ruiz, sostuvo a Efe que el organismo local se opone frontalmente a esa legislación.

"Esto es un asunto de derechos humanos. Si se les niega el derecho, sería un retroceso en el sistema democrático. El derecho al voto es un derecho fundamental y sino sería una pena adicional y deshumaniza el proceso de rehabilitación del convicto", opinó.

Según Padilla-Ruiz, la legislación propuesta "representa una pena adicional a los convictos que solo aumenta su "castigo" y que no cumple con la norma constitucional de la rehabilitación".