Ley compensatoria aviva el debate sobre derechos de desaparecidos en México

Raúl Cortés

México, 3 ago.- La desaparición forzada de personas ha vuelto al centro de la polémica en México por el rechazo de los empresarios del estado de Coahuila, en el norte del país, a cumplir una ley local que les obliga a seguir pagando el sueldo de los trabajadores víctimas de ese flagelo a sus familiares.

La normativa establece que si la justicia considera procedente la "declaración de ausencia" de la víctima se deberá "garantizar la continuidad" de su "personalidad jurídica" y la "patria potestad" de sus hijos menores.

También la protección de su patrimonio personal, "incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes" y "la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones", el punto más controvertido.

Aunque fue aprobada en mayo pasado, no fue hasta esta semana que el mundo empresarial de Coahuila, estado fronterizo con Estados Unidos, lanzó una campaña de descrédito contra una ley que en su opinión no solo vulnera flagrantemente sus intereses, sino que además es inconstitucional.

El Grupo Empresarial Lagunero (GEL), una de las principales patronales de la zona, acordó este viernes ampararse contra la normativa, con el argumento de que "va a evitar" que las compañías "generen más empleos".

A través de su portavoz, Sergio González, el GEL exigió al Estado asumir su responsabilidad en el caso "a través del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), de alguna institución, mediante un fideicomiso o un seguro de vida" para exonerar de todo el peso al empresariado.

Entre las organizaciones civiles nacionales, Juan Francisco Torres Landa, secretario de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), afirmó hoy a Efe que la ley es una "declaración política sin ningún tipo de mérito técnico" e intenta "tapar el sol con un dedo".

Landa también exigió al Estado hacerse cargo del drama resultante del fenómeno, porque "es el responsable último de que las desapariciones no sucedan".

"Los patrones (de las empresas) no solo no tienen seguridad sino que encima tienen que pagar por la falta de Estado", una "lógica" con la que "todas las empresas quebrarán", denunció.

Aunque quiso ofrecer al Congreso de Coahuila "el beneficio de la duda de que existía una intención loable detrás de la ley", Landa consideró que "aterrizar esto a la realidad resulta algo inaceptable" y "se puede prestar a muchas situaciones irregulares".

No son pocos los que han pronosticado ya que más de una persona abandonará a hurtadillas Coahuila para seguir la ruta de los emigrantes ilegales a EE.UU. en busca de una nueva vida, con la seguridad de que su familia podrá subsistir con el salario que la empresa deberá seguir dándoles por la ausencia del trabajador.

A pesar de las críticas a la ley, nadie resta importancia a un fenómeno comparado con otras etapas negras de la historia de la humanidad por el poeta y activista Javier Sicilia, uno de los símbolos de la lucha contra este flagelo en México.

"El borrar las huellas de un ser humano en la tierra solo se había dado en regímenes militares o en la Alemania nazi", dijo a Efe.

Sicilia, cuyo hijo Juan Francisco desapareció junto con otros seis amigos en el estado de Morelos en 2011 a manos de presuntos miembros del crimen organizado, defiende la ley con el argumento de que "mientras la persona no aparezca no se pueden conculcar sus derechos".

El activista, que ha liderado varias manifestaciones multitudinarias en el país, cree que la norma es útil para aumentar la concienciación de la sociedad sobre el problema.

"El Gobierno presiona al empresario para que no conculque los derechos de los desaparecidos pero la obligación por parte de los empresarios es presionar para que el Estado aparezca a esas personas", manifestó.

En su opinión, "los empresarios pueden tener mecanismos más eficientes para presionar al gobierno, como parar las empresas o no pagar impuestos", amenazas que ya han comenzado a sonar en algunos sectores del empresariado coahuilense.

Según el último dato oficial sobre el fenómeno, dado a conocer en mayo del año pasado, entonces había más de 26.000 personas reportadas como no localizadas, entre ellas ciudadanos desaparecidos y secuestrados durante el mandado de Felipe Calderón (2006-2012), antecesor del actual presidente, Enrique Peña Nieto.

Casos como el de Coahuila o una protesta realizada por un grupo de familiares de desaparecidos esta semana en la autopista entre el Distrito Federal y Querétaro, demuestra que este problema, vinculado a las mafias criminales que se dedican al tráfico de personas y de drogas, sigue latente.