Ley para luchar contra el narcotráfico divide al oficialismo argentino

Buenos Aires, 15 nov.- El oficialismo argentino se dividió hoy ante la posibilidad de aprobar una ley de derribo de aviones para avanzar en la lucha contra el narcotráfico, un asunto que se colocó en la primera fila de la agenda política después de que la Corte Suprema reclamara medidas para poner fin a este problema.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el oficialista Daniel Scioli, declaró hoy que lo importante en sí no es crear un mecanismo para derribar aviones sino "que se desplieguen distintas acciones para que los que tengan miedo sean los narcos".

"Esta ley es un debate que hay que dar", dijo Scioli durante una entrevista radiofónica.

Sin embargo, varios miembros del Gobierno se mostraron rotundamente en contra de derribar aviones, como el ministro de Justicia, Agustín Rossi, que consideró que la ley supondría establecer "la pena de muerte sin juicio previo".

De la misma opinión es el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, quien afirmó que "si detectan un vuelo, lo derriban y no habla nadie, no hay pruebas, no hay posibilidad de capturar a las personas vivas."

Este proyecto legislativo está respaldado de forma casi unánime por la oposición, ya que prácticamente todas las formaciones disidentes del arco parlamentario -UCR, PRO y peronistas opositores- presentaron proyectos de ley sobre este asunto o expresaron su apoyo a la medida.

Junto a ellos, el gobernador de Córdoba, el también peronista disidente José Manuel De la Sota, hizo hincapié en la "necesidad" de dotarse de dicha ley.

Por el contrario, el senador del gobernante Frente para la Victoria Aníbal Fernández destacó hoy que en Brasil existe una ley de ese tipo que, sin embargo, no se aplica, y consideró que es más importante "trabajar fuerte con el tema de la salud y no en la persecución de los consumidores sino de los traficantes".

La Corte Suprema argentina exigió este miércoles al Ejecutivo medidas urgentes para frenar el ingreso de drogas por el norte del país, la principal vía de entrada a Argentina, como denuncian jueces federales de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy.

El avance del narcotráfico ha supuesto a un aumento de la violencia por ajustes de cuentas y disputas del territorio entre bandas, especialmente visible en la ciudad de Rosario, a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, donde este año se han registrado más de 200 homicidios violentos, en su mayoría jóvenes menores de 25 años.