La Paz, 8 sep.- Dos exministros bolivianos condenados por complicidad en un caso de "genocidio" en octubre del 2003 fueron liberados, al tiempo que el expresidente del Banco Central Juan Antonio Morales fue detenido por supuesto daño económico al Estado, informaron hoy fuentes oficiales.
El juzgado que lleva el primer caso, llamado "Octubre Negro", concedió "suspensión condicional de la pena" a Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, que fueron ministros de la segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), según un informe del Tribunal Supremo difundido hoy.
Kuajara y Reyes Villa fueron condenados la semana pasada a tres años de prisión por complicidad en un "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta", por la muerte de 64 personas en la represión de protestas en octubre de 2003.
El código penal permite a los condenados a tres años de prisión acogerse a la suspensión condicional de la pena si no han tenido otras sentencias en los últimos cinco años, explicó a los medios el abogado de los exministros, Ariel Coronado.
Los exfuncionarios, que ya fueron liberados, tienen prohibido realizar actividades políticas o cambiar de domicilio sin autorización del tribunal durante los próximos dos años, y deberán presentarse mensualmente en los juzgados.
Con Kuajara y Reyes Villa fueron condenados a penas de 10 a 15 años de prisión cinco integrantes del alto mando militar de Sánchez de Lozada, fallo que ha sido criticado por oficiales jubilados y por la abogada del exmandatario, Ana Reyes, que acusó a la justicia de estar "politizada".
La oposición asegura que el presidente boliviano, Evo Morales, utiliza su creciente control de los tribunales y las fiscalías para perseguir a sus adversarios políticos y a funcionarios de anteriores gobiernos, por lo que decenas de ellos han huido del país en los últimos años.
En otro caso, sobre el supuesto uso irregular de "gastos reservados", el fiscal Harry Suaznábar ordenó detener al expresidente del Banco Central Juan Antonio Morales, a quien acusa de causar al Estado un daño de 59 millones de dólares durante su gestión (1996-2006).
Morales aseguró anoche a medios locales, tras ser detenido, que el hecho del que está acusado "no era ilegal en su momento".
"Si fuera ilegal, no lo hubiera hecho", dijo.
"El tema de los gastos reservados está manejado de manera persecutoria, sin tomar en cuenta el contexto, sin saber cuál era la política salarial de ese entonces", agregó.
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