Madrid, 24 sep.- Los abogados defensores de dos policías que dirigían la Udyco en Málaga y Marbella han pedido hoy al Tribunal Supremo que considere nulas las intervenciones telefónicas en las que se basaron las condenas por malversación que les impuso la Audiencia Provincial.
El fiscal del Tribunal Supremo, por su parte, ha solicitado que se mantengan las condenas y ha argumentado que las intervenciones telefónicas se basaron en sospechas policiales sobre hechos graves de corrupción policial.
Además, el fiscal ha defendido que en este caso resultaba necesario recurrir a ese tipo de medidas de investigación, dado que la profesión de los reos hacía muy difícil su seguimiento físico sin que fuera detectada la vigilancia sobre ellos de otros policías.
El exjefe del Grupo de la Udyco (unidad policial contra las drogas y el crimen organizado) en la Comisaría de Policía de Marbella, Carlos F., fue condenado por la Audiencia de Málaga a 9 años y tres meses de prisión, y el que fuera inspector jefe de la Sección de Crimen Organizado de la Udyco-Costa del Sol, Alfredo M., a seis meses de cárcel.
Según sus abogados las intervenciones telefónicas no partieron de una investigación policial previa y, por tanto, no pudieron ser motivadas, pero el fiscal ha señalado que se basaron en sospechas suficientes.
En el caso de Alfredo M., su defensa ha esgrimido que el juez que acordó que se intervinieran sus teléfonos no supo que ya había sido acordada esta medida contra él previamente y durante 14 meses, a lo que el fiscal ha respondido que se trataba de hechos diferentes investigados en otro juzgado, y que eso en ningún caso determina la nulidad de actuaciones en esta causa.
El letrado de Carlos F., además, ha solicitado la nulidad de una nota policial interna que fue indebidamente admitida por el tribunal (prueba que el fiscal sí considera válida, ya que, aunque se incorporó a la causa una vez abierto el juicio, devino de una declaración testifical ya conocida por la defensa).
La sentencia recurrida considera probado que Carlos F. se adueñó del reloj de oro del cabecilla de una organización de narcotraficantes desarticulada el 21 de mayo del 2004, un reloj valorado en 20.000 euros. A estos hechos se sumaron otros, como el robo de una pequeña cantidad de cocaína incautada en una operación contra el narcotráfico.
La sentencia señalaba además que en el verano del 2005, Carlos F. puso en libertad a un detenido, O.I. -también procesado en esta causa- a cambio de que fuera su confidente. La defensa de O.I. ha solicitado hoy también la nulidad de la causa y que, en todo caso, no se condene a su defendido con la dureza prevista por la Ley para funcionarios, ya que no es su caso.
En cuanto a Alfredo M., la condena indicaba que se apropió durante un mes y medio de un televisor de 42 pulgadas valorado en 1.100 euros, lo que la condena penó como delito de malversación. Su defensa ha aducido hoy que se trató de un uso temporal para labores profesionales.
La Sala apreció en el caso de Carlos F. la existencia de cuatro delitos de malversación de efectos públicos, uno de ellos en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial, otro de quebrantamiento de condena y dos delitos contra la libertad individual.
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