Alicante.- Los alcaldes socialistas en la comarca alicantina de la Vega Baja solicitarán formalmente la suspensión provisional del plan zonal de residuos por considerar que está "bajo sospecha", a raíz de la investigación judicial de la "Operación Brugal".
Para ello, los alcaldes socialistas tienen previsto acudir mañana a la sede de la Agencia Comarcal de la Vega Baja, en Rojales, para pedir la convocatoria de un pleno extraordinario del Consorcio Provincial de Residuos Urbanos de la comarca.
Fuentes socialistas han indicado que en esa futura sesión plenaria instarán a la suspensión provisional de la ejecución del proyecto de residuos urbanos de la zona XVII, "al estar bajo sospecha todo el expediente".
Lo harán para aclarar las posibles irregularidades y, además, para evitar que la pedanía oriolana de Torremendo o el municipio de Albatera, lugares donde se ha barajado situar la planta de residuos, puedan padecer "decisiones tomadas desde una posible irregularidad".
Presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, uno de los imputados en el caso Brugal, el Consorcio Provincial de Residuos Urbanos de la Vega Baja está conformado por 27 municipios, nueve de ellos dirigidos por alcaldes socialistas, la Diputación y la Generalitat Valenciana.
En su junta de Gobierno, el Consell valenciano representa el 25 por ciento del voto, la Diputación el 15 y el 60 restante los ayuntamientos, en proporción a su peso poblacional.
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