Los ‘decretazos’ de la democracia española

  • El decreto ley sobre la reforma laboral que aprueba hoy el Gobierno será la cuarta modificación que conoce el mercado laboral español. Todas las reformas anteriores fueron contestadas con una huelga general y todas estuvieron precedidas por una fuerte crisis económica. Varias de esas reformas fueron retiradas después de ser aprobadas.
Beatriz Toribio

La historia tiene eso, que se repite. Hasta esta semana, José Luis Rodríguez Zapatero iba a pasar a los anales de la historia como el primer presidente de la democracia española que no había sufrido una huelga general frente a las diferentes movilizaciones que afrontaron Felipe González y José María Aznar. Pero al final no será así: tendrá huelga general el 29 de septiembre.

El real decreto ley que aprobará este mediodía el Consejo de Ministros es la cuarta reforma del mercado laboral español y como las anteriores, será contestada con una huelga general.

La reforma que provocó el famoso 14-D

El primer ‘decretazo’ que fue contestado duramente en las calles fue la reforma que provocó el famoso 14-D,conocida como ‘la huelga de todas las huelgas’. El 14 de diciembre de 1988UGT y CCOO lograron una gran movilización social en contra de una reforma laboral cuyo principal escollo era que abría la puerta a la contratación temporal.

Este hecho, junto con un intento de abaratar el despido, provocó una fuerte respuesta de los sindicatos –se cortó hasta la señal de TVE-, obligando a Felipe González a retirar su reforma y volver a comprometerse con un mayor gasto social.El ‘decretazo’ de los contratos basura

Seis años después la fuerte recesión económica que vivía España a principios de los 90 llevó al Gobierno del PSOE a realizar una reforma laboral en 1994 sin contar con el apoyo de los sindicatos. El seguimiento no fue ni comparable al del 14-D, aunque también introducía algunos planteamientos similares: creaba diferentes figuras de contratación temporal – los llamados “contratos basura” para jóvenes”– y ampliaba las causas de despido individual.La reforma que Aznar se vio obligado a retirar

Ocho años después Aznar  sítuvo que afrontar una masiva huelga general que coincidió con el final de la primera Presidencia española de la UE. El motivo era un ‘decretazo’ de reforma laboral que encubría un abaratamiento del despido ya que acababa con los llamados “salarios de tramitación”, la indemnización correspondiente al periodo de tiempo que pasa entre que la Justicia decide si un despido es procedente o no.También eliminaba de forma paulatina el subsidio por desempleo agrario y establecía, por ejemplo, que un parado no podía rechazar más de tres veces una oferta de empleo del Inem.

La respuesta en la opinión pública fue tal que el por entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, tuvo que ser reemplazado por Eduardo Zaplana y el Gobierno se vio obligado a retirar el decreto. Cinco años después, en 2007 el Tribunal Constitucional anulaba la reforma y obligaba a compensar a los trabajadores que se habían visto afectados durante los seis meses en los que estuvo en vigor la reforma. La reforma de Zapatero

Precisamente estos problemas con la Justicia y con la opinión pública es lo que ha llevado a Zapatero a decidir que la reforma laboral que aprueba hoy la tramitará como proyecto de ley. Como el proceso parlamentario llevará meses, se asegura tiempo más que suficiente para realizar todas las modificaciones legales necesarias y poder negociar con el resto de fuerzas políticas. Así, el resultado final no será sólo responsabilidad suya, sino también de los grupos que la apoyen.

Esther Sánchez, profesora de Derecho Laboral de ESADE, considera que la reforma que sale adelante hoy es “comparable” a la de 1994 no por el contenido, sino por la forma. Ambas se producen bajo un Gobierno socialista y tendrá una contestación social.Sin embargo, en opinión de esta experta, “no es comparable en el contenido” a ninguno de los decretos anteriores que “sí reformaron el mercado laboral”.

Según Sánchez, lo que plantea el eGobierno“no es una reforma de largo alcance”. Sólo su tramitación parlamentaria podrá evitar “que se pierda una oportunidad de oro” para reformar el mercado laboral español.

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