Los despidos serán más baratos... y más ágiles de tramitar

La reforma laboral abarata el despido. Y el anteproyecto de ley de laJurisdicción Social, al que el Consejo de Ministros ha dado luz verdehoy y que estará listo antes de que acabe el año, hará que latramitación del mismo sea más ágil. El objetivo es que trabajadores y empresarios se ahorren tiempo y costes en cualquier proceso judicial relacionado con el mundo laboral.

Según ha explicado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño,la tramitación de un despido en España ronda aproximadamente una mediade seis o siete meses. Con la futura ley, "es difícil" -ha dicho- quese reduzcan esos plazos pero sí los trámites y los gastos relacionadoscon el proceso judicial. De esta forma, las resoluciones serán muchomás rápidas y más baratas.

La gran novedad radica en que cuando entre en vigor, cualquierexpediente laboral será tramitado única y exclusivamente por losjuzgados de los Social. Hoy un mismo caso puede verse obligado a pasarpor los juzgados de lo Civil, Penal o Contencioso-administrativa.

Por ejemplo, ahora, un trabajador que sufre un accidente laboral tieneque ir al juez penal si hay delito por parte de las empresa. Pero paraobtener una indemnización por daños, tiene que recurrir a la vía Civil.Y si el empresario impugna una eventual sanción de la Inspección deTrabajo, tiene que acudir también al Contencioso-administrativo. Unlargo proceso que desparecerá con la nueva norma.

Acoso laboral

Aquellas mujeres u hombres que sufran acoso en su puesto de trabajotambién lo tendrán más fácil. Ahora, si el acosador era un empleadordirecto, tienen que acudir a los juzgados de lo social. Si es otroempleado o un tercero, al civil. En cambio, ahora todos los caso seráncompetencia de los juzgados de lo social que, según ha explicadoCaamaño, se caracterizan por tener una tasa de resoluciones mayor queel resto de los órganos de lo Civil o lo Contencioso.

El anteproyecto aprobado hoy tiene que pasar por los órganosconsultivos correspondientes para, después, ser tramitado en elCongreso y el Senado. El Gobierno espera que entre en vigor hacia laprimavera de 2011.