Los familiares de las víctimas del yak-42 insisten en que se investigue la contratación del avión

La asociación de familiares de las víctimas del accidente del Yakovlev-42 insistieron hoy en pedir la reapertura del juicio por el caso, archivado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, para que se investigue la contratación del avión.
Según trasladó a Servimedia el presidente de la asociación, Miguel Ángel Sencianes, a su favor está la adhesión que la Fiscalía ha expresado al recurso de apelación que ellos presentaron al archivo de la causa.
Si Grande-Marlaska desatiende el recurso, lo presentarán ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, donde esperan que el magistrado, que ayer fue nombrado presidente de la misma, no intervenga para no ser juez y parte.
Los familiares de los militares fallecidos en el accidente del 26 de mayo de 2003 en Turquía perciben "una conducta grave de negligencia por omisión" por parte de los seis mandos que constituían el Grupo de Control que hacía de enlace con la agencia Namsa, de la OTAN, la cual contrató el vuelo.
En concreto, estaban imputados los entonces jefe del Estado Mayor de Defensa, almirante general Antonio Moreno Barberá, y jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), general de división Juan Luis Ibarreta.
Dentro de la División de Operaciones del Emacon, también lo estaban el contralmirante José Antonio Martínez, el coronel Joaquín Yáñez y el comandante Alfonso Elías Lorenzo, dentro de la División de Planes, quien en 2002 y 2003 fue su enlace con la Namsa, Abraham Ruiz López.
Estos seis mandos, parte de la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo, quedaron exonerados de toda responsabilidad tras el archivo ordenado por Marlaska el pasado día 2, que atribuía la culpa a la falta de pericia de los tripulantes. Sin embargo, Sencianes recordó las 14 quejas que desoyeron estos mandos sobre las condiciones de los aviones contratados por Namsa, cuyo mal estado era "vox populi".
Entiende que estaba en su mano haber impedido el vuelo, puesto que el contrato marco establecía que se necesitaba el permiso de España para contratar aviones ajenos a la OTAN (tácitamente, de exrepúblicas soviéticas como en el caso del Yak-42), y, de hecho, países como Suecia y Noruega se negaron a utilizarlos.
En definitiva, el presidente de la asociación sostiene que los componentes del Grupo de Control permitieron una subcontrata sin saber con quién se contrataba y, una vez suscrito el contrato, no fueron capaces de atender a las quejas sobre las condiciones del avión.