Pamplona, 21 sep.- La Junta General de Jueces de Navarra ha anunciado hoy que no descarta ir a la huelga si el Ministerio no da pasos concretos para reconducir una situación en la que han denunciado, entre otros problemas, el "colapso" que sufren los juzgados y el "control político" de la justicia.
En una asamblea celebrada esta mañana, esta junta ha ratificado los manifiestos aprobados en julio y septiembre por las asociaciones nacionales de jueces y fiscales para pedir "la paralización inmediata" de la reforma de la ley del poder judicial planteada por el Gobierno del PP y reclamar una negociación.
En conferencia de prensa los jueces navarros han mostrado además su "malestar" por la "ausencia de voluntad política de modernizar el sistema judicial español" y han reclamado "el pleno respeto a la independencia, competencia y función del Consejo General del Poder Judicial", lo que conlleva en su opinión el "abandono" de la reforma planteada por el Ministerio.
Además han instado "la reprobación" del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "por la constante injerencia" en la independencia judicial y han pedido que su juez decano no asista ni los represente en los actos que convoquen los órganos del Gobierno central, salvo en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
De igual manera han adoptado una serie de acuerdos relacionados con su actividad diaria entre los que han destacado el "cumplimiento estricto de las horas de audiencia" para pruebas, vistas y causas, y el "cumplimiento escrupuloso" de la jornada laboral establecida en 37,3 horas semanales, incluidas en audiencias, tiempo de estudio y resoluciones.
La juez decana de Pamplona, Paz Benito, ha reconocido que un cumplimiento estricto de los horarios puede repercutir en el ciudadano porque provocará "un colapso en juzgados y tribunales", sin embargo ha destacado que estos "ya están colapsados y los ciudadanos ya se ven afectados" en asuntos que tiene que ver "con sus derechos y sus patrimonios".
Los jueces navarros han criticado asimismo la "pasividad" del Consejo General del Poder Judicial ante la propuesta de reforma de ley y han acordado denunciar ante la Defensora del Pueblo la "posible inconstitucionalidad" de las medidas plantadas al entender que "atentan" contra su independencia.
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