Dublín, 23 nov.- El ministro irlandés de Educación, el laborista Ruairi Quinn, se declaró hoy partidario de reformar la ley del aborto para evitar muertes como la de la mujer india a la que se denegó un aborto en un hospital de este país pese a sufrir un embarazo problemático.
Savita Halappanavar, de 31 años y embarazada de 17 semanas, falleció de septicemia en un hospital de Galway (oeste de Irlanda) el pasado 28 de octubre, después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto, alegando que la ley impedía hacerlo mientras latiera el corazón del feto, a pesar de que su salud se estaba deteriorando.
El ministro aseguró hoy que planteará esta cuestión el próximo martes, cuando el Gobierno de coalición entre conservadores y laboristas reciba un informe elaborado por un comité de expertos, encabezado por el juez Sean Ryan, sobre la situación del aborto en Irlanda.
Quinn indicó que la reforma de una ley que data de 1961 es la "vía adecuada" para dar efecto a una resolución del Tribunal Supremo de 1992 que cuestionó la legislación vigente, una de las más restrictivas de la Unión Europea (UE) y duramente criticada por los tribunales comunitarios.
El aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre corre peligro, incluida la amenaza de suicido, excepciones que fueron establecidas por el Tribunal Supremo hace 20 años, pero que nunca han sido refrendadas por los legisladores, ni incluidas en la Constitución, por lo que quedan expuesta a la interpretación.
También la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hace dos años a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer a la que no se permitió abortar, a pesar de que su vida corría peligro.
El Gobierno de entonces, compuesto por el centrista Fianna Fail y los Verdes, reconoció que debía estudiar una reforma de la ley del aborto y encargó al juez Ryan un informe al respecto.
Según informó hoy la cadena pública RTE, esta comisión de expertos expone al Gobierno cuatro vías de actuación para cumplir con los requerimientos de las autoridades judiciales irlandesas y europeas.
El documento plantea primero la introducción de directrices o normas orientativas, lo cual no obligaría a reformar la legislación, pero al no ser vinculantes es probable que las autoridades europeas lo consideraran insuficiente.
La aplicación de cualquiera de los otras tres opciones, que pasan por la emisión de órdenes ministeriales, la redacción de una nueva ley o una combinación de órdenes y enmiendas a la legislación vigente, podría provocar los cambios deseados, pero la comisión advierte de que el proceso será largo y complicado.
La muerte de Savita ha conmocionado de tal manera a la sociedad irlandesa que un sector importante de la clase política, incluidos algunos partidos contrarios al aborto, ha pedido al Ejecutivo que actúe inmediatamente para acabar con la incertidumbre legal que rodea a este asunto.
El ministro de Sanidad, el conservador James Reilly, ha reiterado su intención de "clarificar" esta cuestión, pero no tomará una decisión hasta que tenga en sus manos el informe de la comisión.
El Gobierno también quiere esperar a conocer el resultado de una investigación sobre la muerte de Savita iniciada por el Departamento de Sanidad (HSE) que, no obstante, no cuenta con el apoyo de la familia de la fallecida porque considera que no será objetivo.
El marido de Savita, Praveen, ha pedido el establecimiento de un tribunal independiente con poderes para, por ejemplo, llamar a declarar a testigos bajo juramento.
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