Madrid. Detenidas nueve personas en dos operaciones contra la contratación de mano de obra ilegal

Agentes de Policía Nacional han detenido a nueve individuos como presuntos autores de delitos contra los derechos de los trabajadores, estafa y falsificación documental en dos operaciones distintas contra la contratación de mano de obra ilegal.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la primera de las investigaciones se inició cuando los agentes recibieron una denuncia enviada por el Agregado de Interior de España en Marruecos, en la que manifestaba que una ciudadana de ese país había pagado unos 3.500 euros a un compatriota suyo para poder optar a una oferta de trabajo en una empresa española legalmente constituida.
Tras varias gestiones, los investigadores determinaron que dicha empresa había presentado un total de 48 solicitudes de residencia y trabajo a favor de súbditos extranjeros, de las que 34 no habían sido concedidas.
Igualmente, descubrieron que los intermediarios marroquíes captaban a sus compatriotas y les ofrecían regularizar su situación en España a través de la empresa a cambio de cantidades que oscilaban entre 300 y 3.500 euros.
Los agentes también comprobaron que alguno de los ciudadanos extranjeros había intentado regularizar su situación en España, utilizando documentación falsa con la empresa para obtener la autorización de residencia y trabajo por arraigo social.
Por otro lado, los agentes han detenido a cinco responsables de una empresa de publicidad por un delito contra los derechos de los trabajadores y a 16 empleados en situación ilegal por incumplimiento de la Ley de Extranjería.
La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la contratación de mano de obra ilegal por parte de una empresa de publicidad. Se constató que los centros de trabajo de ésta contaban con trabajadores extranjeros en situación irregular y sin los correspondientes contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social.
Los agentes lograron verificar que en los distintos locales se encontraban alrededor de 60 personas trabajando, de las cuales 16 estaban en situación irregular en España.
Además, en la misma empresa se encontró a otros 40 empleados que tenían permiso de residencia y trabajo, pero no estaban ni contratados ni dados de alta en la Seguridad Social. Los honorarios que percibía cada trabajador oscilaban entre 24 y 35 euros diarios.
Por todo ello, se procedió a la detención de los responsables de la empresa por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.