Madrid. El psm exige explicaciones de los servicios subcontratados en hospitales públicos de gestión privada

Los socialistas madrileños llevarán a la Asamblea de Madrid una batería de iniciativas parlamentarias dirigidas a que el Gobierno regional explique cuántos servicios se encuentran subcontratados sin su correspondiente autorización en los hospitales de gestión íntegramente privada de la Comunidad de Madrid y por qué el Ejecutivo autonómico permite esta situación.
La secretaria de Sanidad del PSM, Laura Oliva, hizo este anuncio tras hacerse eco de la denuncia de las matronas del Hospital Infanta Elena de Valdemoro, “servicio que ha perdido casi la mitad de sus profesionales en sólo dos meses (aunque atiende el mismo número de partos) y cuyas trabajadoras sufren una situación contractual no ajustada a derecho, al tener contratos laborales encubiertos”.
El PSM preguntará al Gobierno qué medidas piensa adoptar al respecto, porque "hasta ahora, en ningún momento, este Gobierno privatizador ha hecho la más mínima fiscalización y control de los servicios públicos que ha venido privatizando y entendemos que tiene que adoptar medidas con carácter inmediato para poner fin a esta situación”.
Dijo que la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización de 2011 de este y otros hospitales, señala que el servicio de matronas del centro sanitario de Valdemoro está subcontratado sin autorización del Sermas, “en línea con la ausencia de control y dejar hacer que históricamente viene practicando el Gobierno del PP en Madrid y que consiste no sólo en privatizarlo todo sino además en no controlar nada y dejar que las empresas actúen a su antojo”.
Señaló que “todo esto supone que en lugar de tener una relación laboral con la empresa encargada de la gestión de este hospital (Capio antes y ahora IDC) tienen una relación mercantil”.
A su juicio, “no se ha atajado ninguna de las irregularidades esgrimidas por la Cámara de Cuentas hace ya tres años”.
Además, informó de que el equipo de matronas en Valdemoro ha pasado de 23 a 13 profesionales después de que los trabajadores hayan pedido que sus contratos mercantiles pasen a ser laborales, “de modo que se está cubriendo el servicio gracias a su eficacia, a su eficiencia y su buena voluntad pero no desde luego porque la organización sea la óptima”.
Además, dijo que “la situación se ha deteriorado hasta el punto de que han sufrido una notable rebaja salarial, de 37.000 a 24.000 euros, si quieren renovar su irregular contrato”.