¿Fiscales presionados por los políticos? Los efectos colaterales del 9N

Languidece la controversia suscitada en los últimos días en el poder judicial respecto a la consulta del 9N y qué hacer con Artur Mas. El fallecimiento de la duquesa de Alba ha desplazado la cuestión a un segundo plano. Una calma que seguramente dure bien poco, pues no ha sido menor el conflicto judicial desatado entre fiscales, con consecuencias de largo recorrido.

A corto plazo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, recibió ayer un balón de oxígeno en la Junta de Fiscales de Sala, que le permite sobrevivir a tormenta mediática, política y social que se había cernido sobre él (y no verse abocado a dimitir). Lo que dijera la cúpula de fiscales no sería vinculante, pero le daría a Torres-Dulce la legitimidad legal necesaria para no tener que cargar en solitario con el peso político de procesar al presidente de Cataluña por haber permitido el 9N.

La Junta respaldó sin ambages el criterio de Torres-Dulce: sí hay indicios de delito en el comportamiento de Mas el 9N, que siendo consciente de la sentencia del Tribunal Constitucional que impedía que se celebrara la consulta, decidió seguir adelante, invocando fórmulas jurídicas que, desde luego, no engañan a sus señorías en Madrid.

Se imponía así el criterio de Torres-Dulce frente al del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los llamados "fiscales catalanes", quienes en una decisión prácticamente sin precedentes en la democracia, decidieron desafiar la autoridad de su "jefe", negándose a cumplir la orden recibida de presentar querella contra Mas.

Así, ya con el respaldo de la Junta de Fiscales, poco después de la reunión Torres-Dulce anunció que había vuelto a dar orden a la Fiscalía de Cataluña de cursar querella contra Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por varios delitos. En el caso de Mas, al menos por desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a la justicia o usurpación de atribuciones judiciales.

Dejado atrás el ojo del huracán, toca recoger los fragmentos rotos por el camino, que no son pocos. Porque si algo ha dejado todavía más claro todo este asunto es que la cuestión catalana está fuera de control. Contradecir abiertamente el criterio del fiscal general, rompiendo con la regla no escrita que existe en el mundo de la justicia de tomar las decisiones de forma colegiada, siempre buscando el consenso y evitando choques innecesarios, puso en evidencia hasta qué punto el tema catalán no sólo se ha adueñado de las esferas política y social, sino también de la judicial.

Y precisamente por este mismo argumento, también ha sido mala la solución que ha habido que adoptar. Porque que el fiscal general tenga que acabar "imponiendo" su criterio, respaldado por muchos o pocos fiscales, sienta un peligroso precedente, en un mundo como el jurídico donde imperan las grandes palabras y la resolución de conflictos. Sobre todo cuando lo que está en juego es el "derecho" de los catalanes a decidir su futuro, un tema muy sensible en ambas direcciones.

Pero quizá las peores consecuencias vengan en el plano social y político. Los jueces se cansarán de repetir que jamás admitirán injerencias por parte del poder Ejecutivo, pero en la mente del ciudadano de a pie ha quedado la impresión de que tal injerencia no sólo existe, sino que es preocupante.

Se ha llegado muy lejos, al menos en la instrumentalización política de la controversia, y ayer y hoy todos se sentían compelidos a dar explicaciones que dejen claro que el poder ejecutivo no manda sobre el judicial… o sí, según convenga, de nuevo, políticamente.

Tan pronto como se conoció ayer el parecer de la Junta de fiscales, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, denunció la "injerencia inaceptable" del PP en la Fiscalía. Declaraciones que realizaba, cómo no, "aclarando" que el Govern no había contactado con los fiscales catalanes durante los últimos días. Tú sí pero yo no.

Ayer también el portavoz del PP, Carlos Floriano, dijo que los fiscales en Cataluña "están contaminados por el ambiente nacionalista". "El problema es que el ambiente que ha generado la Generalitat y los poderes oligárquicos fácticos en Cataluña han hecho todo lo posible para que no interpongan (los fiscales) la correspondiente querella pese a lo que son claros delitos ante los ojos de todos los españoles", señaló.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hoy afirmó que cree "que se ha acreditado la absoluta falta de ningún tipo de influencia por parte del Gobierno hacia los fiscales", y que los eventos de ayer dejan claro que "simplemente" se ha acreditado "el funcionamiento normal de la Fiscalía en defensa del interés general".

Unos y otros tal vez deberían recordar que injerencia no es descolgar el teléfono y descaradamente llamar a un juez, algo que constituiría un terrible delito y pondría en jaque a la propia democracia. También lo es condicionar el ambiente político y mediático, forzando a los jueces a resolver con variables más allá de las legales.¿Quiénes son los fiscales catalanes?

Más allá de posibles injerencias e intereses políticos, hoy se abrió un nuevo frente en el conflicto. La fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, negó discrepancias con la Fiscalía del Estado en cuanto al tratamiento de la querella contra Mas. Y se mostró muy molesta con el uso del término "fiscales catalanes", dejando claro que la mayoría de fiscales en Cataluña no están en rebeldía, pues nada han tenido que ver con una decisión que únicamente era potestad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, presidido por José María Romero de Tejada, quien respondió a Torres-Dulce negándose a imputar a Mas.

En los próximos días sabremos cómo evoluciona el asunto. Por el momento, el Ministerio Fiscal ultima la querella a presentar. Querella que, en cualquier caso, no servirá de gran cosa, según expertos en tribunales contactados por La Información, y que como tantas otras cuestiones judiciales, se perderá en el limbo de un proceso que se prevé muy largo.