Boston (EE.UU.), 21 ago.- El exmilitar salvadoreño Inocente Orlando Montano, reclamado por España por la matanza de seis jesuitas en El Salvador en 1989, conocerá mañana, jueves, la sentencia en un tribunal federal de Boston por falsear documentos migratorios en Estados Unidos.
Montano iba a ser sentenciado el pasado enero, pero el juez que instruye el caso decidió entonces aceptar dos recursos para aclarar su pasado militar.
Aunque el pasado septiembre Montano ya se declaró culpable de seis de los ocho cargos de perjurio de los que se le acusa en Estados Unidos, el juez Douglas P. Woodlock decidió una prórroga para conocer "con mayor detalle" las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por él en su época de militar.
El excoronel salvadoreño ha sido acusado de perjurio en Estados Unidos por haber negado en su declaración al entrar en el país que fue miembro del grupo militar "La Tandona", el cual contribuyó al aumento de la violencia durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).
El salvadoreño, de 70 años, ha estado en Estados Unidos desde al menos 2001 y en 2002 solicitó y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), que el Gobierno estadounidense otorga a quienes no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles o desastres naturales.
Los documentos presentados en el tribunal indican que, tanto en su solicitud inicial para el TPS como en otras solicitudes para renovarlo, el coronel retirado negó haber sido miembro de las Fuerzas Armadas de El Salvador, haber pertenecido a algún grupo que utilizase armas contra alguna persona o haber recibido capacitación militar.
En noviembre de 1989 los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el jesuita salvadoreño Joaquín López y López y dos empleadas domésticas que trabajaban con ellos, Elba y Celina Ramos, fueron asesinados por un escuadrón de la muerte en el campus de la Universidad Centroamericana.
El 2 de diciembre de 2011 las autoridades españolas acordaron solicitar la extradición de 15 exmilitares salvadoreños, entre ellos Montano, por cargos de conspiración y asesinato de los cinco jesuitas y tres ciudadanos salvadoreños, crímenes contra la humanidad y terrorismo.
La Ley de Amnistía de 1993 de El Salvador protege a militares e insurgentes que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado (1980-1992).
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