En el primer día de la suspensión de las devoluciones de menores no acompañados a Marruecos, el ministerio de Interior y el Gobierno de Ceuta, cuya alcaldía preside Juan Vivas, hacen frente común para defender la legalidad de la actuación. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha argumentado que el proceso responde al acuerdo establecido con Marruecos en 2007, que se debe a las "relaciones fraternales, transversales y firmes, en el sentido de confianza" entre ambos países. En el caso de que la justicia falle en contra de las devoluciones, dado que la Fiscalía de Ceuta se opuso a ello al no existir "expediente administrativo, ni resolución administrativa" que avale el proceso, Fernando Grande Marlaska ha declarado que se corregiría algún matiz.
También, en el primer día de paralización por orden judicial hasta el jueves de las repatriaciones de menores a Marruecos, Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, ha ido más lejos ha ido más lejos de Interior y, tras asumir en rueda de prensa que él es el responsable político del proceso de retorno de los menores, ha asegurado que los niños "donde mejor están es con sus familias. En Ceuta están en situación de precariedad, viven sin techo y en asentamientos inadecuados". El responsable de la ciudad autónoma, del PP, ha querido dejar claro públicamente que él es quien dio la orden de iniciar el retorno el pasado viernes y de solicitar al Gobierno que activara el acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007 y en vigor desde 2013.
"Esta petición fue atendida y, aunque las negociaciones no han sido nada fáciles, se determinó la aplicación del acuerdo y en los términos en los que debía llevarse a cabo el traslado de los menores a su país de origen", según Vivas, que ha catalogado como "hito histórico" estas devoluciones. A ese acuerdo con Marruecos ha vuelto a referirse el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien un día más ha defendido la legalidad del proceso de retorno de menores a Marruecos, si bien ha dejado claro que si la Justicia observa algún "matiz" que haya que corregir en el procedimiento, "se corregirá".
Para el ministro, la decisión judicial de paralizar los retornos obedece a una "discusión técnico jurídica" sobre cómo aplicar el convenio para devolver a los niños que entran solos a España. El titular de Interior ha insistido en que desde que se produjo la entrada de cerca de un millar de menores, los responsables de protección del menor del Gobierno ceutí asumieron su tutela y abrieron expedientes para analizar sus circunstancias personales.
Una vez examinadas y determinada su vulnerabilidad, Ceuta reclamó la aplicación del acuerdo de 2007. Marlaska ha dejado claro que el interés superior del menor y la Convención de los Derechos del Niño que prioriza la reagrupación familiar han sido los principios que han seguido para ejecutar las repatriaciones. Siguen sin compartir la legalidad de estas devoluciones una treintena de ONG que han reclamado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga y acuerde la "suspensión inmediata".
En la carta remitida a Sánchez, las ONG firmantes le trasladan su "profunda preocupación por la forma en la que se han realizado hasta el momento estas expulsiones: de manera colectiva, sin aviso previo, sin trámite de audiencia de ningún tipo y sin cumplir las garantías establecidas legalmente, especialmente la asistencia letrada".
"Retornos asistidos, ni expulsiones, ni devoluciones"
"Esperemos a los tribunales y si alguna cuestión hay que corregir de matiz o no de matiz, se corregirá", ha señalado Grande-Marlaska en declaraciones al programa de la Sexta Al Rojo Vivo, recogidas por Europa Press, insistiendo en su deseo de mantener los "retornos asistidos", que no expulsiones ni devoluciones, según subraya en sus diferentes intervenciones desde este lunes.
El ministro del Interior ha apelado a las palabras de este mismo martes en rueda de prensa del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para sostener la validez de aplicar el procedimiento de retorno de menores no acompañados a través del acuerdo bilateral de 2007 con Rabat -que entró en vigor en 2013, tras su publicación en el BOE-. "Este acuerdo entre el Reino de Marruecos y el Reino de España crea una singularidad concreta respecto a un país que es colindante y donde hay una inmigración irregular, o puede haber de menores, de mayor entidad", ha señalado como respuesta a las quejas por la ausencia de la Fiscalía de Menores en las entrevistas con los menores para proceder a las devoluciones.
Críticas desde Podemos
Preguntado por si cree que se ha cometido algún error, el ministro ha pedido esperar a las alegaciones de las administraciones tras paralizar los tribunales el procedimiento de retorno de 15 menores al día. También ha dicho que "no le consta" que la vicepresidenta Yolanda Díaz se quejara ante el presidente Pedro Sánchez, así como que, pese a las quejas por sendas cartas de Ione Belarra, titular de Derechos Sociales, la "comunicación es constante" entre todas los equipos del Ejecutivo en torno a un "operativo que se conocía adecuadamente por todos". En este sentido, ha recordado que "todas las cuestiones interdepartamentales se documentan" por diferentes vías, citando entre ellas los email o las cartas.
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