Rabat, 12 abr.- La Coalición Marroquí de organizaciones de Derechos Humanos denunció hoy que todavía existen más de mil víctimas reconocidas de violaciones de derechos humanos cometidas entre 1960 y 1999 que no han sido indemnizadas hasta ahora, e insistieron sobre la necesidad de su inmediata integración social.
En una conferencia de prensa celebrada hoy en Rabat, las 18 organizaciones pro derechos humanos que integran esta coalición lamentaron, por boca de Mustafa El Manuzi, presidente del Foro Marroquí para la Verdad y la Equidad FMVE), que en la mayoría de casos, las violaciones de derechos humanos han sido solucionadas solo "de forma parcial".
El presidente de la FMVE explicó que muchas víctimas de la violación de derechos humanos viven en condiciones precarias.
Manuzi subrayó que este expediente "forma parte de la responsabilidad del jefe de Estado (en referencia al rey Mohamed VI) que lo heredó de la era del pasado y es responsable de su solución".
La coalición puso de relieve la falta de una voluntad política para aplicar los compromisos trazados por las recomendaciones de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER) relativas a la integración social de todas las víctimas de la desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias durante los llamados "años de plomo" (los del reinado de Hasán II, padre del actual monarca).
La IER, creada en 2004 por el rey Mohamed VI y encargada de arrojar luz sobre la represión en los años 1960-1999, examinó 16.000 casos de víctimas de la represión política durante el reinado de Hasán II.
La IER fue disuelta a finales de 2005 tras presentar un informe final al rey Mohamed VI, pero el seguimiento de sus recomendaciones fue encargado al Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Los activistas de derechos humanos expresaron además su rechazo a las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Mustafa Ramid, cuando dijo que el expediente de las desapariciones forzadas no forma parte de las prioridades del Estado.
La FMVE convocó una marcha el próximo domingo para pedir al Estado respetar sus compromisos en cuanto a la inmediata integración social de todas víctimas de las violaciones de derechos humanos.
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