Máximo órgano de la judicatura pide la dimisión del fiscal general de Egipto

  • El Consejo Superior de Justicia de Egipto, máximo órgano de gobierno de la judicatura, pidió hoy al fiscal general, Talaat Ibrahim, que dimita del cargo, en una nueva muestra del pulso entre los magistrados y la Presidencia.

El Cairo, 7 abr.- El Consejo Superior de Justicia de Egipto, máximo órgano de gobierno de la judicatura, pidió hoy al fiscal general, Talaat Ibrahim, que dimita del cargo, en una nueva muestra del pulso entre los magistrados y la Presidencia.

Ibrahim, que fue designado por el presidente egipcio, Mohamed Mursi, el pasado noviembre mediante una polémica acta constitucional, se mantiene en el cargo pese a que hace diez días un tribunal ordenó que el anterior fiscal general fuera restituido en el puesto.

En un comunicado, el Consejo Superior de Justicia instó a Ibrahim a que vuelva a ser solo juez para ayudar a "unificar la palabra de la justicia y eliminar cualquier motivo de discordia".

El máximo órgano de la judicatura expresó su compromiso con respetar y poner en marcha cualquier sentencia judicial, tras una reunión en la que examinó el fallo de la corte de apelaciones.

El pasado 27 de marzo, el Tribunal de Apelaciones de El Cairo ordenó que el magistrado Abdelmeguid Mahmud fuera restituido en el cargo de fiscal general, tras su destitución en noviembre pasado por Mursi.

El presidente reemplazó a Mahmud, criticado como cercano al régimen de Hosni Mubarak, por Ibrahim, lo que rechazó la oposición.

La emisión de la citada acta originó una ola de protestas y disturbios en Egipto, donde la oposición y parte de los jueces rechazaron el blindaje de los poderes del presidente y la destitución de Mahmud, que había sido fiscal general desde 2006.

En los nueve meses que lleva como presidente, Mursi se ha topado en varias ocasiones con los jueces, en las que la mayoría no ha salido muy bien parado.

Antes de su decreto de noviembre, el presidente ya intentó destituir a Mahmud enviándolo como embajador al Vaticano, pero rectificó a las 48 horas, tras comprobar que la designación no era legal.

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