May arremete contra los laboristas en un duro discurso sobre la inmigración

Patricia Rodríguez

Manchester (R.Unido) 4 oct.- Los planes del Ejecutivo británico para "reducir y controlar" la inmigración "descontrolada" del Reino Unido centraron hoy un duro discurso de la titular de Interior, Theresa May, en el congreso anual del Partido Conservador en Manchester (norte de Inglaterra).

La ministra arremetió contra el legado del anterior Gobierno laborista y anunció una modificación de la legislación británica para facilitar la deportación de extranjeros que han estado en prisión y que invocan el derecho a la familia para permanecer en el país.

Fue uno de los temas más comentados y polémicos en esta cita otoñal de la formación tory, que dio comienzo el pasado domingo y será clausurada mañana por el primer ministro, David Cameron.

May subrayó la necesidad de rebajar y controlar el número de inmigrantes que tiene el país y abogó, en clara discrepancia con los liberaldemócratas -sus socios en el Gobierno de coalición-, por la eliminación de la ley británica de derechos humanos, que traspone a la legislación local el contenido de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Responsabilizó al anterior Ejecutivo laborista de los "perjuicios" que la "inmigración descontrolada" ocasiona "a las infraestructuras y a los servicios públicos", al "saturar" los sistemas de transporte público y forzar a las escuelas y los hospitales a "arreglárselas con un repentino aumento en la demanda".

"Por ello hemos convertido en objetivo rebajar la inmigración neta a decenas de miles", dijo May, cuyo discurso dejó "disgustado" al ministro de Justicia, Kenneth Clarke, quien quiso aclarar posteriormente a algunos medios británicos que "cada uno tiene derecho a tener una opinión".

Según May, la coalición de conservadores y liberaldemócratas "está ya recortando el abuso y ha puesto un límite a la inmigración procedente de fuera de la Unión Europea".

"Con el laborismo, la inmigración temporal llevó al derecho automático a permanecer" en el país, aseguró la ministra de Interior, que lamentó además "los abusos cometidos gracias a los visados de estudiante".

En cuanto al punto de conflicto con la formación de Nick Clegg, consideró que la ley británica de derechos humanos es una traba ahora mismo para la cartera de Interior al ser empleada por exconvictos foráneos para bloquear su deportación al extranjero y permanecer en el país.

"Todos conocemos historias sobre la ley de derechos humanos: el traficante de drogas que no puede ser deportado porque tiene una hija aquí por la que no paga manutención; el ladrón al que no se puede expulsar porque tiene novia, o el inmigrante ilegal que no puede ser deportado porque -y no me lo invento- tiene un gato", enumeró, entre exclamaciones de incredulidad de los delegados.

El problema radica en la interpretación que los tribunales británicos hacen de esa ley, según May, que opinó que el derecho a la vida familiar no debe desbaratar el sistema migratorio nacional.

Esa ley de derechos humanos, de 1998, pretende facilitar la aplicación y reconocimiento en el Reino Unido de los principios que se recogen en la Convención europea en materia de derechos humanos, de manera que, en caso de litigio, no habría que acudir en primera instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Los graves disturbios ocurridos el pasado agosto en varias ciudades inglesas ocuparon parte de la comparecencia de May, que descartó que la causas estuvieran relacionadas con "política o pobreza" y achacarlo, en cambio, a la "avaricia y delincuencia" de sus responsables.

Reconoció que de lo ocurrido "hay lecciones que aprender" y subrayó la necesidad de reforzar los poderes de la policía, cuya gestión, nada más estallar la ola de violencia en la noche del 6 de agosto en el barrio de Tottenham (Londres), fue muy criticada.

De nuevo, May cargó contra los laboristas por haber convertido a la policía en "un servicio burocrático" y recordó que los agentes "no son trabajadores sociales" pues su misión es atajar la delincuencia.