"Rechazamos absolutamente cualquier responsabilidad sobre los hechos de los cuales injustamente hemos venido siendo señalados desde hace varios años por el juez Sexto de Instrucción de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, en el denominado Caso Jesuitas", indicaron los siete militares retirados en un comunicado.
"Denunciamos que estamos siendo víctimas de una clara persecución política, sin razón jurídica, moral, ni mucho menos humanitaria, la cual está siendo disfrazada de una falsa justicia", agregaron.
En el documento se declararon inocentes los generales Juan Rafael Bustillo, Rafael Humberto Larios, Juan Orlando Zepeda, así como los coroneles Francisco Elena Fuentes, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Joaquín Arnoldo Cerna y Óscar Alberto León Linares.
A principios de enero, el juez Velasco recordó a Interpol de España y El Salvador, así como a la policía salvadoreña, que "aún se encuentran pendientes de cumplimiento las órdenes internacionales de detención" contra 17 militares retirados, que incluye a los siete que se pronunciaron en el comunicado.
En 2011, los militares evadieron la detención al refugiarse en un cuartel militar de San Salvador, mientras obtenían una resolución de la Corte Suprema de Justicia amparada en una amnistía que perdonó las atrocidades cometidas en la guerra civil (1980-1992).
Entre tanto, el procurador de Derechos Humanos, David Morales, ha pedido que los militares sean detenidos conforme a lo solicitado por Velasco.
En respuesta, los militares acusaron al ombudsman salvadoreño de "encabezar una campaña de desprestigo" en su contra.
Los militares aseguraron que, buscando su "protección", presentaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas corpus a fin de evitar que sean detenidos y extraditados a España.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una fuerte ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del proscrito batallón militar Atlacatl asesinaron en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana al sacerdote español-salvadoreño Ignacio Ellacuría, rector de ese centro.
También fueron asesinados los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.
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