Brasilia, 12 sep.- El Ministerio de Trabajo de Brasil instaló hoy una comisión que revisará todos los convenios por los que la cartera ha dado recursos públicos a entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, en respuesta al escándalo por corrupción destapado esta semana y que salpicó a altos funcionarios.
El funcionamiento de la comisión fue oficializado mediante un decreto publicado este jueves en el Diario Oficial de la Unión que define a sus integrantes y el mandato del organismo.
La comisión, de la que formarán parte doce funcionarios directos del Ministerio y diez de las superintendencias regionales de la cartera, tendrá la misión de analizar "la prestación de cuentas de los convenios ya expirados".
Según el mandato, el grupo le dará prioridad en la revisión a los contratos que ya han generado dudas en organismos fiscalizadores, como la Policía Federal, la Contraloría General de la Unión, la Procuraduría o el Tribunal de Cuentas de la Unión.
La creación de la comisión se produce tres días después de que la Policía Federal desmontara una red de corrupción enquistada en el Ministerio y a la que acusó de haber desviado unos 400 millones de reales (unos 174 millones de dólares) de recursos públicos.
El escándalo le costó el cargo al viceministro de Trabajo, Paulo Roberto Pinto; al coordinador de Contratos del Ministerio, Geraldo Riesenbeck, y a un asesor directo del ministro Manoel Dias, y mandó a prisión a 23 personas acusadas de pertenecer a la organización criminal.
La red de corrupción supuestamente se beneficiaba de fraudes en licitaciones adjudicadas en forma irregular a empresas y organizaciones no gubernamentales que nunca prestaban los servicios contratados, o los cumplían pero tras el cobro de valores muy superiores a los realmente demandados por el trabajo.
Según la investigación policial, los fraudes ocurrieron en los estados de Espíritu Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Río de Janeiro, Pernambuco, Sao Paulo, Ceará, Amapá, Paraná, Roraima, Pernambuco y en el Distrito Federal de Brasilia.
En diciembre de 2011, un escándalo de fraudes con licitaciones similar al denunciado ahora le costó el cargo al entonces ministro de Trabajo Carlos Lupi, quien se vio obligado a dimitir.
El principal intermediario en el nuevo escándalo es una organización no gubernamental identificada como Instituto Mundial del Desarrollo y de la Ciudadanía, que se benefició de varios contratos sin nunca haber realizado los servicios encomendados.
La Policía Federal informó de que también está investigando los contratos por 7 millones de reales (unos 3 millones de dólares) firmados por otros dos ministerios, el de Turismo y el de Ciencia y Tecnología, con entidades privadas vinculadas a la citada organización no gubernamental.
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