Misteriosa masacre en Colombia

En 1997, durante una matanza de cinco días en un pueblo remoto de Colombia, cerca de 50 civiles desarmados fueron atacados y arrojados a un río a manos de fuerzas paramilitares al margen de la ley, justo bajo las mismísimas narices del ejército.

¿Lo fueron?

El Gobierno colombiano se opone a la versión oficial de la masacre de Mapiripán, en medio de investigaciones sobre presuntos falsos testimonios.

Nadie debería dudar de que la masacre ocurrió, pero algunas de las muertes y las torturas que se pensaba tuvieron lugar allí, parece que nunca sucedieron, según dice el Gobierno, denominándolo como una "burla" del sistema internacional de justicia.

Algunos grupos de derechos humanos dicen que el Gobierno está sufriendo la negación de la masacre.

Una gran delegación del Gobierno, incluidos dos altos funcionarios del gabinete, acudió en noviembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, que trata las cuestiones en materia de derechos humanos en la región, para pedir a los jueces que revisen una sentencia de 2005 que ordenó al Estado a pagar millones de dólares en concepto de compensaciones por el asesinato de "aproximadamente 49" civiles.

Si se reconsidera, el caso podría arrojar dudas sobre el alcance de la masacre de Colombia. Pero también podría alentar a los teóricos reduccionistas de otros países, como Chile y Guatemala, donde los casos históricos de derechos humanos han supuesto cuantiosas compensaciones para las familias de las víctimas, dicen los analistas.

El caso está causando un escándalo nacional en Colombia, que ha sufrido décadas de brutal guerra entre las guerrillas izquierdistas, paramilitares de derecha y el ejército nacional - a menudo con civiles desarmados atrapados en el fuego cruzado.

Los hechos documentales "probados" en los textos de la Corte Interamericana establecen una auténtica carnicería en el matadero del pueblo.

En la madrugada del 15 de julio de 1997, más de 100 hombres paramilitares rodearon Mapiripán, que se encuentra en el departamento central colombiano de Meta. Los hombres eran miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), paramilitares acusados del asesinato o de la desaparición de miles de presuntos simpatizantes de la guerrilla izquierdista.

Los testigos declararon que las AUC etiquetaron a algunos habitantes del pueblo como simpatizantes de la guerrilla de izquierda o colaboradores y luego procedieron a torturarles, desmembrarles y después arrojar sus restos al  río.

La masacre continuó mientras el ejército ignoró las peticiones de ayuda. Varios altos funcionarios militares han sido condenados a prisión en Colombia por su ineptitud a la hora de evitar los asesinatos.

El ejército "no sólo no trató de impedir que llegaran a Mapiripán, sino que además proporcionó munición y comunicaciones", dice el texto de la Corte Interamericana, citando el testimonio de un soldado.

A principios de este año paramilitares desmovilizados se presentaron para testificar sobre los detalles de este y de otros asesinatos en Mapiripán.

El número real de víctimas en el expediente ha sido siempre inexacto. Algunos de los documentos hablan de 21 víctimas, otros de al menos 49. En abril, un informe de la Unidad Humanitaria de la Fiscalía colombiana identificó a tantos como 77.

Sin embargo, en octubre de este año, saltó la noticia de que Mariela Contreras, quien había dado un testimonio clave, se había retractado de su declaración. Ahora, afirma que su hijo, al que había dado por desaparecido, reapareció y que su esposo murió en realidad antes de que se produjera la masacre.

Los fiscales del Estado abrieron investigaciones sobre varios casos más de supuestas "víctimas falsas" y determinaron que el número total de muertos o desaparecidos podrían estar más cerca de los 13 - ni siquiera una cuarta parte del total citado en la sentencia de la corte de Costa Rica.

"Pero los que se hacen pasar como víctimas sin serlo y los que recibieron las compensaciones sin merecerlo deben estar sujetos a las resoluciones correspondientes".

La corte de derechos humanos, un brazo judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), otorgó al gobierno un plazo de tres meses a partir de la audiencia de noviembre para reunir pruebas que puedan convencerle de cambiar su decisión, lo que es en sí mismo una victoria parcial para el estado.

"Sería absolutamente un nuevo precedente, y en mi opinión desafortunado, permitir a un gobierno reabrir un caso sobre la base de hechos descubiertos más tarde, que deberían haberse conocido en ese momento"  dice Dinah Shelton, profesor de derecho la Universidad George Washington que preside la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, DC.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, conocido como CAJAR, se defiende de las críticas recibidas por representar a Contreras y a otros familiares de las presuntas víctimas de la masacre.

"El Estado de Colombia ha tratado de colar una teoría negativa de la masacre en los medios de comunicación, reduciendo al mínimo lo sucedido en la masacre", dijo el abogado del CAJAR, Jomary Ortega, en una rueda de prensa celebrada en San José antes de la audiencia en la corte.

Tanto los fiscales estatales como los grupos de derechos humanos deberían tener más cuidado sobre las filtraciones de las posibles víctimas, de acuerdo con Víctor Manuel Rodríguez, asesor de derecho internacional en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. En su opinión, la revisión podría ser un proceso saludable para los sistemas de justicia involucrados.