Morales anuncia un decreto de indulto tras una semana de motines carcelarios

La Paz, 20 dic.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hoy un decreto de indulto tras una semana en la que se han sucedido los motines y protestas en las cárceles del país para reclamar esta medida y también en protesta por el impago de la pensión alimenticia de los presos.

Morales anunció la aprobación del indulto, que llega cinco días antes de Navidad, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno y precisó que el decreto ya ha sido remitido a la Asamblea Legislativa de Bolivia para que pueda ser aprobada esta semana.

Ese beneficio fue propuesto por la Dirección de Régimen Penitenciario por motivos humanitarios y para aliviar el problema del hacinamiento en los penales bolivianos, donde actualmente hay 13.840 internos, casi 3.000 más que hace un año.

Entre 500 y 600 reclusos con sentencia y a otros 500 con detención preventiva podrían beneficiarse del indulto, según datos de dicha institución.

Presos de varias cárceles del país han protagonizado en los últimos días motines y protestas enterrándose hasta el cuello, cosiéndose los labios con alambre y encaramándose a los tejados de los penales para reclamar el indulto y el pago del "prediario", la pensión diaria que los internos reciben para comer.

También la Pastoral Penitenciaria Católica de Bolivia exhortó ayer a las autoridades a "promover una norma incluyente y amplia, que favorezca a todas las personas privadas de libertad sin ningún tipo de discriminación".

Morales aludió hoy al retardo en la Justicia boliviana y especialmente a la "grave situación" de las familias que se encuentran en prisión y que en algunos casos están "injustamente encarceladas" tras ser "usadas por delincuentes, por narcotraficantes y contrabandistas".

"Familias con niños, niñas. He visto y hemos recibido muchas denuncias por ejemplo de mamás, de personas mayores que están en la cárcel, que en muchas situaciones ni siquiera pueden contratar un abogado para poder ser liberados", explicó el mandatario, quien reconoció que "esta situación en las últimas semanas se ha agravado".

Según la documentación facilitada por la Presidencia boliviana, podrán beneficiarse del indulto los presos que cuenten con sentencia condenatoria ejecutada, que estén cumpliendo condena por su primer delito y que se encuentren dentro de un determinado grupo.

Entre estos grupos están los varones mayores de 58 años, mujeres mayores de 55, jóvenes de hasta 25 años,y discapacitados graves o muy graves que hayan cumplido una tercera parte de su condena, así como los enfermos terminales.

También podrán ser indultados los padres y madres con hijos menores de 12 años a su cargo y viviendo dentro de la cárcel que hayan cumplido dos quintas partes de su condena y los presos por delitos menores con penas de hasta 8 años de prisión y que hayan cumplido una tercera parte de la misma.

La medida de gracia también incluye a personas en detención preventiva que cumplan las condiciones anteriores y "siempre y cuando tengan sentencia mediante procedimiento abreviado" dentro de los 120 días posteriores a la aprobación de la Ley de Indulto por la Asamblea Legislativa.

Por contra, en el decreto quedan excluidas del indulto los condenados por asesinato, violación de menores, traición a la patria, espionaje, parricidio, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, robo agravado, contrabando y corrupción.

Tampoco serán indultados los presos reincidentes, los reos con sentencia por delitos que hubiesen producido daño económico al Estado, los condenados a más de 10 años por delitos sancionados por la Ley 1008 ni aquellos que cumplan condena por delitos en los que la Constitución o el Código Penal bolivianos no admitan el indulto.

El decreto establece que una comisión conformada por el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General de Régimen Penitenciario, el Ministerio de Justicia y un representante judicial evaluará las solicitudes de indulto y decidirá conceder o no la medida en cada caso.

Bolivia no aplicaba una medida de este tipo desde el año 2000, cuando se promulgó una ley que benefició a 2.800 ancianos, menores de 21 años y padres con hijos menores que cumplieron la mitad de su pena.

La mayoría de las cárceles del país tiene un sistema llamado de régimen abierto donde no hay celdas, sino barrios y viviendas en las que viven los reclusos, en muchos casos acompañados por sus hijos.