Morales recula de nuevo, pero no desactiva el conflicto de la salud boliviana

La Paz, 15 may.- El presidente boliviano, Evo Morales, reculó de nuevo en su afán de aumentar de 6 a 8 horas la jornada laboral en la salud, y logró pactos con grupos que protestaban por ello, pero no desactivó el conflicto porque médicos y estudiantes de medicina siguen en huelga por octava semana.

Líderes de los empleados de la salud pública aceptaron esta madrugada una promesa del Gobierno de emitir en breve un decreto que suspenderá la polémica norma sobre la jornada en los hospitales estatales, restituyendo las 6 horas diarias.

Un acuerdo similar pactó el domingo el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, pero los rectores y alumnos de varios centros superiores, así como los médicos, reiteran que Morales debe derogar del todo el decreto y no solo prometer otra vez que suspenderá su aplicación, porque no confían en su palabra.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó en rueda de prensa del acuerdo con la Confederación de Trabajadores de la Salud (CSTSPB) y la Central Obrera Boliviana (COB), aclarando que la suspensión es solo "temporal", hasta que se celebre en julio una "cumbre nacional" sobre salud pública convocada por Morales.

El secretario ejecutivo de la CSTSPB, José González, declaró a Efe que esa organización ha indicado a sus afiliados que regresen a sus funciones habituales de modo paulatino desde hoy.

Agregó que, "si bien se levantan las medidas de presión", siguen "en estado de emergencia" hasta la "cumbre" de julio.

En cambio, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios, dijo a los medios que siguen en huelga e insistió en que Morales debe anular definitivamente el decreto.

Los galenos reclaman además que cese la "persecución" de sus líderes, se restituya a los trabajadores despedidos y se anulen los descuentos salariales por acatar la huelga de las últimas semanas, acompañada muchos días por disturbios violentos, dijo a Efe el vicepresidente del Colegio Médico, Bernardino Fuertes.

Delegaciones de estudiantes de medicina de la región central de Cochabamba y la sureña Tarija llegaron hoy a La Paz para exigir, con más movilizaciones, la anulación definitiva del decreto.

Los médicos rechazan el aumento de su jornada porque Morales la decretó sin consultarles y sin ofrecer nada a cambio, y porque, según ellos, atenta contra una conquista laboral de hace 40 años.

Morales justificó el decreto alegando que se lo pidieron sus partidarios en una reunión partidista celebrada en enero pasado en la ciudad central de Cochabamba, con la que, según analistas, abrió su campaña para ser reelegido en 2014 para un tercer periodo.

El gobernante ya prometió hace dos semanas suspender el aumento de la jornada laboral, pero los galenos y universitarios dijeron entonces, como ahora, que desconfían de su palabra, por otros casos en los que hizo promesas e incluso aprobó leyes de las que luego se retractó.

Citan el caso de los indígenas que rechazan una carretera en el parque natural Tipnis, que en 2011 lograron con una marcha de 66 días, de la Amazonía a La Paz, que Morales promulgase una ley que prohíbe cualquier proyecto vial en esa reserva amazónica, aunque ahora insiste en reanudar las obras.

Cientos de indígenas, incluidos niños y mujeres, empezaron una nueva marcha en abril para exigirle que acate su propia ley, y ya superaron su primer escollo al llegar a un pueblo donde partidarios de Morales les cerraron el paso con alambradas de púas y los obligaron a dar un rodeo en medio de insultos y algunos golpes.

Entretanto, las autoridades continuarán dialogando esta semana con la COB, la mayor entidad sindical del país, antes aliada de Morales, a quien reclama un aumento salarial mayor al 8 % que él decretó el primero de mayo para este año.

La COB pide al gobernante tenga en cuenta lo que llama "canasta familiar básica", que calcula en 1.192 dólares mensuales, pero Morales replica que los sindicatos tienen "mucha ambición".

El gobernante y sus partidarios han acusado a la oposición, sin pruebas, de conspirar para dar un golpe de Estado aprovechando los conflictos sociales, argumento al que suele recurrir Morales en momentos de baja popularidad o acoso social.