Mujer de De Cabo alega que es un ama de casa que firmaba lo que él le decía

Madrid, 20 dic.- La mujer de Ángel De Cabo, Consuelo Garrido, ha alegado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que ella era sólo un "ama de casa" que firmaba lo que decía el dueño de Viajes Marsans, quien está en prisión bajo una fianza de 50 millones de euros acusado de apropiarse de bienes del grupo.

Garrido ha declarado hoy como imputada en el caso Crucero junto a los cuatro hijos del socio fallecido de Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual -Gonzalo, Ignacio, José María y Diana-, y el abogado Raúl Jiménez, a los que el magistrado no ha impuesto ninguna medida cautelar, según han informado fuentes jurídicas.

La esposa de De Cabo, a la que se investiga por ser la titular de las acciones de algunas de sus sociedades y manipular sus cajas fuertes, ha asegurado ante el juez que no estaba al corriente de las actividades de su marido y que ella era una simple ama de casa que firmaba lo que éste le decía.

Tras su declaración, Garrido ha salido entre lágrimas de la Audiencia y, a preguntas de los periodistas sobre si su marido está intentando reunir el dinero para pagar su fianza penal de 50 millones de euros, ha contestado: "No se de dónde".

Por su parte, los hijos de Pascual están imputados por haber vendido a Kairo Center, propiedad de De Cabo, las participaciones de tres fincas que les donó su padre en septiembre de 2009 en la localidad de Ventas con Peña Aguilera (Toledo) y que suman 1.800 hectáreas.

Después, los cuatro, que han asegurado que nunca pensaron que Viajes Marsans podría quebrar, volvieron a comprar esas acciones a De Cabo después de que un juzgado de lo mercantil de Madrid declarara ilegales esas donaciones.

Los hijos reintegraron, han señalado, esas acciones en la masa concursal después de que el grupo fuera declarado en concurso de acreedores.

Tras ellos ha declarado el abogado Raúl Jiménez, que ha defendido que él empezó a trabajar en 2002 para el entramado societario de De Cabo junto a otros quince letrados que formaron parte del equipo jurídico de las empresas.

En esta causa están imputadas otras nueve personas, que fueron detenidas el pasado 3 de diciembre en el marco de la Operación Crucero.

Velasco impuso dos días después a Díaz Ferrán y otros siete detenidos fianzas para eludir la cárcel por un total de 112 millones de euros, la mayor de ellas -y más alta exigida hasta ahora en España- los 50 millones de euros dictados para De Cabo.

Después de la del empresario valenciano, las mayores fianzas en la operación, de 30 millones de euros, les fueron impuestas a Díaz Ferrán y al mano derecha de De Cabo, Iván Losada.

Según han informado fuentes del caso, Díaz Ferrán ha recurrido en apelación su prisión alegando su "avanzada edad" para estar en la cárcel, que no hay riesgo de fuga y que el delito de alzamiento de bienes que se le imputa no comporta una pena lo suficientemente alta para justificar la prisión.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también dictó 500.000 euros de fianza contra buena parte del entorno de De Cabo, como su cuñado, Teodoro Garrido, el financiero Carmelo Estélles y los supuestos testaferros Antonio García Escribano y José Pardo Manrique.

Todos ellos recurrieron sus fianzas en reforma ante el mismo juez instructor.