Las cifras hablan por sí solas. Seis de cada diez mayores españoles, especialmente las mujeres, han tenido que reducir el uso de luz, electrodomésticos, cocina, agua caliente o calefacción para poder pagar las facturas energéticas, a las que destinan el 6% de sus ingresos, según la Unión Democrática de Pensionistas. De ellas, una de cada seis deben restringir el uso de la calefacción, y el 73,6% de la luz. La Cruz Roja va más allá y detalla que más de 488.900 personas mayores no pueden permitirse encender la calefacción. Además, unos 1,6 millones de mayores tienen grandes dificultades para hacer frente a sus facturas de electricidad y el 48% no sabe qué hacer para poder acogerse al bono social.
Por ello, no pocos grupos políticos han echado en cara al Ejecutivo que no se esté haciendo lo suficiente para ayudar a estas personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, ajeno a las críticas, los populares han sacado pecho y han revelado un dato sorprendente: gracias a su gestión, los mayores se ahorran una media anual... de 8 euros. "El Gobierno es consciente con la situación de vulnerabilidad que pueden sufrir las personas mayores de 65 años a la hora de calentar su hogar por eso en lo que compete al Gobierno se han congelado por quinto año los peajes de la luz y por cuarto año en el caso del gas con el fin de contener los precios. También se ha reducido el precio del alquiler de los contadores de gas, lo que supondrá un ahorro medio de unos 8 euros al año en la factura de los consumidores", han respondido a los socialistas en una pregunta parlamentaria.
Además, han explicado que han aumentado los potenciales beneficiarios del bono social, que los consumidores vulnerables disponen de mayores descuentos en la factura de electricidad y que se dispone de más garantías frente a cortes de suministro por impago. Sin embargo, estas mejoras solo afectan a los considerados como consumidores vulnerables. En el caso de los mayores, solo podrán acogerse a estas ayudas aquellos que perciban como único ingreso la pensión mínima, es decir, apenas un 20% de los jubilados, a pesar de que, según Cruz Roja, el porcentaje de personas mayores con privación material severa se ha triplicado desde 2012.
Curiosamente, el propio Ejecutivo ha admitido en el decreto por el que pone en marcha las nuevas normas para acceder a este bono social eléctrico que “aproximadamente, unos 4,5 millones de personas podrían estar en riesgo de pobreza energética". Para más inri, en la memoria previa a su aprobación, se reconoce que no se va a conseguir resolver este drama. En ella, se calcula que menos de la mitad de los hogares que pueden beneficiarse de esas ayudas se acogerán a ellas y según un informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), varios organismos han elevado sus críticas por la complejidad burocrática de las solicitudes.
Tal y como explican desde Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP), muchos jubilados "tienen bajísimas pensiones en muchos casos y un mayor gasto". "La luz es carísima y la gente no puede comprar ni la medicación. Este colectivo está indefenso ante todo el maremágnum eléctrico, que no se entiende y ni siquiera sabes de quién dependes ni a quién tienes que reclamar, así como la actitud de los comerciales de las compañías eléctricas cuando visitan los domicilios", denuncian, a la vez que recuerdan que, desgraciadamente, no son el único colectivo afectado.
Según el Boletín sobre la Vulnerabilidad Social, el 41,4% de los hogares no puede mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos. La pobreza energética afecta a la salud, al desempeño académico de los menores, disminuye los contactos sociales, dificulta la búsqueda de empleo y obliga a las familias a entra de la disyuntiva alimentación o calefacción, tener que hacer frente al pago de suministros energéticos puede significar disminuir el gasto en alimentación, indica la Cruz Roja. No es un asunto menor. Tal y como se detalla en el estudio bienal sobre pobreza y desigualdad energética de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), es un problema que afecta a más de 5 millones de ciudadanos y al que se asocian alrededor de 7.000 muertes al año en España, seis veces más que los accidentes de tráfico. "La pobreza energética es uno de los problemas más graves causados por la crisis económica. Debemos unirnos para luchar contra esta lacra. Ocho euros al año... no son suficientes. Es una estafa", concluyen fuentes de Cruz Roja.
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