Buenos Aires, 14 jul.- Obreros de la construcción de Argentina le reclamaron hoy el pago de salarios atrasados y de indemnizaciones por despido a Hebe de Bonafini, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, cuyos planes de vivienda sociales son investigados por la Justicia.
Los obreros abordaron a Bonafini durante la tradicional ronda de las Madres de cada jueves en la Plaza de Mayo, en la que reclaman justicia para sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo está envuelta por un escándalo judicial que involucra principalmente al exapoderado de la entidad, Sergio Schoklender, investigado por presunto lavado de dinero.
Schoklender habría incurrido en presuntas maniobras fraudulentas en el manejo de los millonarios recursos públicos que el Estado había asignado a las Madres para construir viviendas para personas de bajos ingresos.
Los obreros empleados en esos proyectos reclamaron hoy a Bonafini porque, según denunciaron, algunos hace seis meses que no cobran sus salarios y otros, despedidos, no recibieron indemnización alguna.
"Váyanse a quejarse con Schoklender. Schoklender nos robó todo. Estamos haciendo todo lo que podemos", les respondió Bonafini desde una camioneta, rodeada por guardaespaldas, a los obreros que querían hacerse a ella para mostrarle los telegramas de despido.
La Asociación de Madres de Plaza de Mayo solicitó ser querellante en la causa que instruye el juez Norberto Oyarbide contra Sergio Schoklender y su hermano Pablo, entre otros exmiembros de la asociación.
El escándalo estalló hace unas semanas cuando Sergio Schoklender renunció a su cargo de apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo por desacuerdos internos en el manejo de los fondos para la construcción de viviendas populares, financiada con millonarios aportes del Estado argentino.
Tras el estallido del escándalo, Bonafini tacho a los Schoklender de "estafadores y traidores" y deslindó toda responsabilidad de las Madres en los hechos que se investigan.
Sin embargo, referentes de otras agrupaciones humanitarias y dirigentes políticos de oposición afirmaron que Bonafini no podía desconocer las maniobras de los Schoklender.
Las sospechas apuntan a la empresa Meldorek, a la que la Asociación Madres de Plaza de Mayo contrató para la construcción de la viviendas pero que, según informó la prensa local, es propiedad en un 90 por ciento del propio Sergio Schoklender.
Los hermanos Schoklender protagonizaron un sonado escándalo hace 30 años al ser condenados a cadena perpetua por el crimen de sus padres, aunque en la década de los noventa fueron liberados gracias a una antigua ley que computaba como dobles los años de detención previos a la sentencia.
Tras su liberación, los hermanos se acercaron a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que, a través del programa Sueños Compartidos, construyó en los últimos años miles de viviendas para personas de bajos recursos con fondos públicos que, según la prensa local, alcanzan los 300 millones de dólares.
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