Asunción, 26 sep.- El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas pidió hoy a Paraguay que investigue y juzgue a los responsables de las torturas y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989), la más larga de Sudamérica.
El Comité de la ONU responde así al reciente informe brindado por el Estado paraguayo acerca de las sentencias que han sido dictadas hasta la fecha, así como de las investigaciones en curso relativas a violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1954 y 1989.
A las ONU le preocupa "el escaso número de responsables juzgados y sancionados, así como del hecho de que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no se han concluido las investigaciones pertinentes", según el informe divulgado por el Comité.
Víctimas de tortura durante la dictadura paraguaya identificaron el mes pasado a 18 supuestos responsables de esos crímenes de lesa humanidad, la mayoría de los cuales eran policías, quienes siguen vivos y en libertad en Paraguay.
Aportaron los nombres, dirección y detalles de su supuesta participación en la represión como parte de una ampliación de una querella que han interpuesto en Argentina.
Paralelamente presentaron otra denuncia contra Paraguay por la falta de investigación de los crímenes, ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
Los nombres que añadieron al caso que tramita el magistrado argentino Norberto Oyarbide incluyen a exjefes de Policía, oficiales, comisarios, un médico y un líder local del Partido Colorado, formación que fue el soporte político del dictador Alfredo Stroessner y que volvió al poder con la victoria de Horacio Cartes en las elecciones del 2013.
Las víctimas presentaron su querella original hace un año en Argentina, donde se aplica la jurisdicción universal para esos delitos de lesa humanidad, debido a la "impunidad" que existe en Paraguay, según explicó a Efe su abogado, Aitor Martínez.
De acuerdo con el abogado, desde 2008 no ha habido ninguna imputación por crímenes de lesa humanidad contra los victimarios ya identificados.
El Comité destacó también su preocupación por "el reducido número de víctimas que habrían sido localizadas y que las mismas aún no habrían sido identificadas".
El director de Reparación y Memoria Histórica de Paraguay, Rogelio Goiburú, ha pedido públicamente el desembolso de fondos, presupuestados y aprobados hace dos años por el Gobierno anterior para la identificación de 20 cadáveres de personas asesinadas por el régimen militar.
El dinero servirá para pagar a los forenses argentinos que se ocuparán de identificar los cuerpos, un proceso que incluye la extracción de muestras de ADN de los huesos y de los familiares, así como la realización de un perfil genético de la población paraguaya.
La Comisión de Verdad y Justicia (CJV) registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctima de golpizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física.
Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio por motivos políticos, durante la dictadura de Stroessner.
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