Oposición alista gran movilización para endurecer el sistema penal juvenil

Montevideo, 27 jul.- Los dos principales partidos de la oposición uruguaya, el Nacional y el Colorado, anunciaron hoy sus planes conjuntos para impulsar con una gran movilización la recogida de firmas para modificar la Constitución y endurecer el sistema penal juvenil para atajar la creciente ola de delincuencia.

El próximo sábado, simpatizantes de ambos partidos, históricos rivales políticos, saldrán juntos a las calles de todo el país bajo el lema "Para vivir en paz, yo firmo", con una propuesta de reforma legal destinada a que "el país tenga mejores modos de defenderse", según explicó a Efe el expresidente uruguayo y senador nacionalista Luis Alberto Lacalle.

Esta iniciativa será el mayor paso dado en la campaña por el endurecimiento del sistema penal juvenil, que comenzó en abril pasado y que busca reunir más de 250.000 firmas para impulsar un referéndum que modifique el sistema actual.

El senador y líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, apuntó que la iniciativa lo que quiere enfrentar "es el cambio en la situación del país, marcado por una inseguridad cada vez más violenta".

"Tenemos normas muy antiguas que hay que reformar. Queremos crear un instituto de rehabilitación para los menores infractores, para que los jóvenes no ingresen en prisión con mayores delincuentes pero que tampoco estén en un centro de adolescentes no criminales", apuntó.

Otra de las medidas que se quiere imponer es el mantenimiento de los antecedentes judiciales de los adolescentes delincuentes "no como castigo, sino como medida de protección para la sociedad por si vuelven a delinquir", añadió Bordaberry.

Uno de los puntos más polémicos de la propuesta, que cuenta con el rechazo del oficialista Frente Amplio y de un sector del Partido Nacional, que no participará en la recogida de firmas, es bajar la edad de imputabilidad de los 18 a los 16 años para "delitos gravísimos" como el asesinato, la violación o los asaltos a mano armada.

La seguridad se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para el Gobierno del presidente José Mujica, del Frente Amplio, ante la creciente percepción ciudadana de que ha habido un deterioro en ese campo.

Una de las quejas más comunes en la sociedad uruguaya son las continuas fugas y el mal funcionamiento de los centros de rehabilitación para menores, en los que ingresan adolescentes responsables de delitos muy graves pero que apenas cuentan con seguridad.

Datos del Ministerio del Interior señalan que las intervenciones policiales sobre menores de entre 11 y 17 años por acciones "contra la propiedad", "contra la persona" o por "infracciones sexuales" alcanzaron las 13.998 en 2005, 13.751 en 2006, 13.137 en 2007, 13.400 en 2008 y 13.088 en 2009.

Según informes del Poder Judicial, los adolescentes solamente cometieron el 6,9 por ciento del total de delitos registrados en el país en 2004 y en 2005, el 4,5 en 2006, el 4,6 en 2007, el 5,3 en 2008 y el 5,9 en 2009.