Oposición venezolana pide investigar denuncias de exmagistrado Aponte

Caracas, 27 abr.- La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que reúne a la oposición en Venezuela, pidió hoy investigar las denuncias del exmagistrado Eladio Aponte sobre la supuesta manipulación de la Justicia por parte del Gobierno venezolano y exigió sancionar a los culpables "sin importar el alto cargo".

Aponte, quien fue destituido por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, aseguró en una entrevista con un canal de EE.UU. que, como magistrado, recibió llamadas "desde el presidente para abajo" que le "daban las directrices de acuerdo con el panorama político" y señaló que el vicepresidente Elías Jaua "maneja la Justicia".

"Las afirmaciones de quien impulsado por la revolución llegó a ser fiscal general militar y presidente de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia no pueden ser despachadas mediante la simple descalificación personal del denunciante", dijo Alberto Arteaga, de la Comisión de Alto Nivel y Seguridad Ciudadana de la MUD.

Exigió, al leer un comunicado dirigido a fiscales, jueces, abogados y el pueblo en general, que las denuncias "sean investigadas a fondo y que quienes resulten culpables sean sancionados sin importar el alto cargo que ostenten".

"En un sistema democrático no pude haber intocables", agregó.

Señaló que las afirmaciones del exmagistrado "ratifican la situación de corrupción, postración, sometimiento e ineficiencia que hoy caracteriza al sistema de justicia venezolano".

"La notitia criminis que involucra al presidente y al vicepresidente de la República en la presunta manipulación y control de la Justicia confirma lo que tanto se ha venido denunciando en los últimos años", puntualizó.

Indicó que "buena parte de los funcionarios de la administración de justicia, por encargo del poder Ejecutivo, se encuentran dedicados a la persecución de la disidencia política".

A la vez que detalló que las declaraciones de Aponte "reconocen la existencia de presos, perseguidos y exiliados políticos", que son "víctimas de procesos judiciales plagados de pruebas amañadas e imputaciones sin ningún fundamento jurídico".

Citó, de igual forma, las aseveraciones de Aponte sobre "la participación puntual de algunos altos oficiales" de la Fuerza Armada en el tráfico de drogas, aunque admitió que "no se trata de una acusación que involucra a la institución en su totalidad, ya que la responsabilidad penal es individual".

"De comprobarse estas afirmaciones, Venezuela podría estar en las vías de convertirse en un Estado traficante de drogas", alertó, según el documento.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, admitió ayer que es muy difícil que la Justicia venezolana alcance a los corruptos evadidos del país, e indicó que Aponte "tuvo la oportunidad" mientras fue magistrado de formular sus denuncias contra funcionarios del Gobierno, pero "no lo hizo".

Ortega aclaró, igualmente, que en Venezuela existe el privilegio para los altos funcionarios sobre los que no se pueden ejercer "actos de persecución penal" a menos que se les someta a un juicio de mérito o sean destituidos por la Asamblea Nacional (Parlamento).