Optimismo ante la reapertura del caso de la esterilización forzada en Perú

Diana León Banda

Lima, 14 nov.- La reapertura de uno de los casos de supuesta esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) en Perú ha apaciguado un poco el dolor de las agraviadas y sus familias, que esperan una reparación ejemplar.

"Después de 14 años cualquier persona que haya querido acceder a la justicia ya puede estar cansada, pero eso no quita la responsabilidad del Estado peruano de repararlas", manifestó a Efe la coordinadora de la línea jurídica de la organización Demus, Rossy Salazar.

El Estado peruano anunció recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Fiscalía reabrirá el caso de la campesina María Mamérita Mestanza, madre de 7 hijos que murió a los 33 años en la región norandina de Cajamarca, tras ser esterilizada al parecer de manera forzada.

"En el caso de Mamérita la amenazaron con que podía ir a la cárcel por no hacerse la esterilización al tener mas de tres hijos, por lo que se intervino y falleció", expresó Salazar, abogada de este emblemático caso.

Mamérita Mestanza es una de las 18 víctimas mortales de estas prácticas que registró la Defensoría del Pueblo.

Para Salazar, la importancia de declarar estos casos como violaciones a los derechos humanos es que no pueden prescribir y que se debe aclarar la cadena de mando en las acciones delictivas.

"No solamente fueron los médicos que operaron los únicos responsables, también lo son el ministro que no hizo nada o que ordenó este tipo de política y Alberto Fujimori, que fue el presidente de esa época", alegó Salazar.

Según la representante de Demus, existen indicios de que las esterilizaciones forzadas fueron una política de Estado del gobierno de Fujimori y no simples hechos aislados, pues existen testimonios de médicos y enfermeras que señalan que se les obligaba a intervenir a un determinado número de pacientes al mes.

Pese a que Efe intentó de forma insistente en comunicarse con el ministro de Salud de ese entonces y hoy congresista, Alejandro Aguinaga, no hubo respuesta.

Sin embargo, Aguinaga negó en otras ocasiones que haya sido un programa sistemático gubernamental de esterilizaciones.

Durante la campaña presidencial de este año, la candidata Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, fue duramente cuestionada en su defensa de los derechos humanos por los casos de esterilizaciones de la década de 1990.

Hace unos días, la excandidata calificó de "raro" que se abra el tema de las esterilizaciones en medio de una coyuntura política donde hay cuestionamientos hacia el entorno del actual gobierno: "Si este caso ya ha sido investigado y archivado en cuatro oportunidades no entiendo por qué hay que reabrirlo".

La mayoría de mujeres a las que les ligaron las trompas eran de condición humilde y vivían en el área rural. A algunas las intimidaron para que se sometieran a la operación, mientras que a otras ni siquiera les consultaron.

En 1996, en medio de la depresión por perder a su hijo prematuro, Victoria Vigo se enteró de que ya no volvería a concebir porque durante la cesárea que le practicaron la esterilizaron sin su autorización.

"A mi me mutilaron; hubo una mutilación que marcó mi vida, hubo mucho dolor todo ese año, el deseo de ser madre era muy fuerte", dijo a Efe Vigo, administradora de 49 años y madre de dos hijos.

El desconocimiento en torno al tema es una herida que para las agraviadas y sus familiares aún no cicatriza.

"Las mujeres que fueron intervenidas con la anticoncepción quirúrgica voluntaria fueron 300.000, de esas no tenemos una cifra exacta de cuántas fueron forzadas, la única cifra que manejamos son las 2.074 agraviadas que aparecen en la denuncia fiscal, pero tenemos la sospecha de que el número es mayor", manifestó Salazar.

Según las organizaciones de derechos humanos la complejidad del caso no permite que se cierre en todos los aspectos que implica.

"Sigue habiendo mucho miedo porque los médicos que las operaron siguen siendo los médicos de la posta (de salud) donde se atienden. Las mujeres operadas contra su voluntad no los van a denunciar porque son los médicos que tratan a sus hijos", precisó Salazar.