Ordenan prisión domiciliara para dirigente indígena por protestas de 2009

  • El dirigente indígena Feliciano Cahuaza cumplirá prisión domiciliaria y una veintena de nativos serán procesados con comparecencia en el juicio que empezó hoy en Amazonas por la protesta que dejó 33 muertos en la selva de Perú en 2009.

Lima, 14 may.- El dirigente indígena Feliciano Cahuaza cumplirá prisión domiciliaria y una veintena de nativos serán procesados con comparecencia en el juicio que empezó hoy en Amazonas por la protesta que dejó 33 muertos en la selva de Perú en 2009.

"La sala ha ordenado que (Cahuaza) tenga prisión domiciliaria", después de haber permanecido en la prisión de Huancas desde los violentos sucesos ocurridos en la ciudad de Bagua hace cinco años, según informó a Efe el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Jugo.

Jugo añadió que "a todos los indígenas se les ha dado comparecencia", incluidos los cinco nativos que se presentaron en la audiencia, entre ellos los dirigentes indígenas Alberto Pizango, Santiago Manuin y Feliciano Cahuaza.

En la sesión de hoy se realizó la instalación del proceso y en la próxima, programada para el 26 de mayo, se escuchará el requerimiento fiscal y empezarán los interrogatorios, indicó Jugo tras participar en la audiencia judicial.

"Nosotros, como Coordinadora Nacional de DD.HH., estamos apoyando a los organismos que llevan la defensa de los indígenas, tratando de que se cumplan las normas del debido proceso y el Convenio 169 (de la OIT) en lo que determina la acción legal contra las personas indígenas", explicó el secretario adjunto.

El proceso está a cargo de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Bagua que conforman los jueces Gonzalo Zabarburu, José Romero y Juan Romero Rodríguez, que dedicó la primera audiencia a determinar la situación jurídica de los procesados, ya que varios eran considerados "reos ausentes y contumaces".

El tribunal desestimó, por otra parte, el pedido de la defensa para que se convoque a autoridades políticas de la época, como el expresidente Alan García y algunos ministros de su gestión.

El tribunal abrió el proceso a un total de 53 personas, entre ellas a 23 indígenas, por los sucesos del 5 de junio de 2009 en la llamada "Curva del diablo", como se conoce a una zona por donde se accede a Bagua, donde murieron 12 policías, 5 civiles y desapareció el mayor de la Policía Felipe Bazán.

Los otros fallecidos, en su mayoría policías, murieron durante la toma de un lote petrolero en el interior de la provincia.

La intervención policial también dejó unos 200 heridos, 83 de ellos de bala, en las localidades de Bagua y Utcubamba, los lugares hacia donde se dirigió la represión de la protesta indígena, que se originó en rechazo a unas leyes impulsadas por el Gobierno de García para facilitar el ingreso de la industria extractiva en sus territorios.

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