La CIDH dio a conocer el jueves en Washington un informe en el que advirtió que en Honduras "la seguridad ciudadana debería ser de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados" y no de los militares.
"Es incorrecto pretender sustituir las instituciones civiles que están llamadas a prestar servicios de seguridad ciudadana, por contingentes militares que no están preparados para interactuar con la población", dijo a la AFP el coordinador de la no gubernamental Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera.
Añadió que los últimos tres gobiernos, de Manuel Zelaya (2006-2009), Porfirio Lobo (2010-2014) y el actual de Juan Orlando Hernández, "delegaron en las Fuerzas Armadas tareas propias de instituciones gubernamentales" y les aprobaron "una enorme cantidad de recursos".
El presidente Hernández asumió el poder prometiendo bajar la criminalidad y lo ha logrado reforzando la policía con militares: datos oficiales dicen que la tasa de homicidios se redujo de 68 por cada 100.000 habitantes en el 2014 a 60 en el 2015.
Rivera reconoció que "en momentos de emergencia se debe hacer uso de todo tipo de recursos con que cuenta el Estado", pero advirtió que "deben impulsarse integrales procesos de depuración, despolitización y fortalecimiento de la policía, ministerio Público y poder Judicial".
Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de la Mujer, comentó que el informe de la CIDH, elaborado después de una visita de una comisión en diciembre del 2014, "es muy contundente" al señalar "los altos niveles de seguridad y la violencia que afecta a toda la población, pero sobre todo a defensores de los derechos humanos, comunicadores y periodistas, diversidad sexual, indígenas, garífunas, niñas y niños y campesinos".
También alertó sobre "los altos niveles de militarización" y "las altas tasas de impunidad que se viven en el país".
Por su parte, el director del Centro para la Investigación y la Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, afirmó que "es tiempo de que el presidente de la República haga un redireccionamiento" de la política de seguridad, como le recomienda la CIDH, porque una estructura militar en cualquier momento "puede dar hasta un golpe de Estado", como ocurrió en el 2009.
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