Países de ALBA fuerzan a OEA a dejar abierto el debate sobre reforma de CIDH

Miriam Burgués

Washington, 23 mar.- Varios países de la ALBA liderados por Ecuador lograron en una Asamblea General Extraordinaria de la OEA su objetivo de dejar abierta la puerta a nuevas reformas de la CIDH, pero fracasaron en su intento de cambiar su forma de financiación.

La resolución adoptada este viernes, tras casi doce horas de debate de los cancilleres y representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, otorga un respaldo explícito a la reforma que la CIDH aprobó esta semana para su propio reglamento, con lo que ese proceso se da por cerrado.

Eso supuso una derrota para Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, que plantearon al comienzo de la Asamblea su rechazo a cerrar ese proceso de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), iniciado hace casi dos años, porque a su juicio no hay suficiente consenso al respecto.

Sin embargo, esos cuatro países, apoyados por Haití, lograron que se acordara dar un mandato al Consejo Permanente de la OEA para "continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos)", del que forman parte la CIDH y la CorteIDH.

Ese diálogo se realizará "teniendo en cuenta todos los aportes realizados por los estados, los órganos del sistema y la sociedad civil a lo largo del proceso de reflexión, así como los debates durante la presente Asamblea extraordinaria", según el texto introducido a última hora por Argentina y que permitió el consenso.

Cuando el debate parecía estar en un punto muerto y Ecuador había amenazado incluso con abandonar el SIDH, el canciller argentino, Héctor Timerman, planteó añadir el texto a uno de los puntos más conflictivos de la resolución para concluir los debates y finalmente tuvo éxito.

Argentina le ha dado "una oportunidad a la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de América) de seguir adelante con un proceso de auditoría permanente" sobre el sistema, opinó el director para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Vivanco consideró que el mandato al Consejo Permanente "le da legitimidad a un debate sin límites", algo que a su juicio permite "continuar con un proceso que para los países de la ALBA tiene como objeto lograr un debilitamiento" del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo que no se recogió en el documento aprobado fueron algunos de los puntos concretos que reclamaban Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, como sus reivindicaciones para modificar el sistema de medidas cautelares de la CIDH y cambiar su sede, que está en Washington.

Tampoco lograron estos países, en particular Ecuador, cambios en el sistema de financiación de la CIDH.

La resolución aprobada sostiene que, mientras se logra la "plena financiación" de la Comisión por parte del presupuesto de la OEA, se sigan haciendo contribuciones voluntarias "preferentemente sin fines específicos", lo que permite a la CIDH seguir buscando fondos externos a la organización y los Estados miembros, como reclamaba.

Una de las propuestas de Ecuador era privar a la CIDH de fondos que no sean los que le otorga el presupuesto regular de la OEA.

De esos fondos externos se beneficia fundamentalmente la Relatoría de Libertad de Expresión, que ha sido muy crítica con el Gobierno que preside Rafael Correa.

Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, pronosticó esta semana a Efe que los cancilleres llegarían a la Asamblea muy divididos sobre la reforma de la CIDH, algo que quedó patente este viernes, aunque también dijo que "los países que quieren debilitar el sistema no han logrado el apoyo que buscaban".

El pulso planteado por Ecuador ha conducido a "una contrarreacción para defender la independencia y el papel del sistema", aseguró Shifter.

Eso también quedó ejemplificado en la Asamblea de este viernes, donde hubo elogios y entusiastas defensas de la CIDH como la del subsecretario de Estado de Estados Unidos, William Burns, quien dijo de ella que "durante más de cinco décadas ha sido la conciencia moral de este continente".

Mientras, la secretaria de Estado adjunta de EEUU para Latinoamérica, Roberta Jacobson, señaló al término de la Asamblea que la resolución aprobada contiene los puntos más importantes para su país porque "preserva la independencia y autonomía de la CIDH".

Con el reconocimiento de la reforma aprobada por la propia CIDH y que entrará en vigor el 1 de agosto, "espero que podamos iniciar un periodo en que la Comisión empiece a trabajar normalmente (...) y eso debería bajar mucho las tensiones que se produjeron (durante los debates)", dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

En la misma línea, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), valoró el cierre del proceso de debate formal sobre las reformas, pero consideró que éste "no logró un verdadero fortalecimiento del SIDH".

"Esperamos que la Comisión ahora pueda volver a su tarea de protección de derechos fundamentales", agregó.