Panamá, 19 abr.- Un escándalo de corrupción que se investiga en Italia ha salpicado al Gobierno del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, obligándolo a movilizarse políticamente para "aclarar" en Roma la situación y sortear el aluvión de críticas que ha generado entre la oposición panameña.
El canciller encargado y ministro de Seguridad de Panamá, José Raúl Mulino, cumplirá entre lunes y miércoles próximos una visita oficial a Italia, confirmó hoy la Cancillería panameña en un breve un comunicado.
Mulino llegará a Roma "en calidad de enviado especial" de Martinelli, y espera reunirse con el ministro de Exteriores, Giulio Terzi, u otro funcionario que designe el Ejecutivo a fin de entregar "un mensaje del presidente de Panamá", indicó la nota oficial.
El canciller encargado había anunciado el miércoles que esperaba solo la confirmación de una "cita" con funcionarios italianos para viajar a "Roma a decir la verdad" y "aclarar" que su Gobierno no tiene nada que ver con la trama de supuestos sobornos que investiga la justicia italiana.
El caso de supuesta corrupción tiene como centro a Valter Lavitola, un antiguo colaborador del ex primer ministro Silvio Berlusconi, detenido desde el lunes, cuando llegó a Italia desde Argentina tras permanecer prófugo.
El abogado y exprocurador general panameño Rogelio Cruz afirmó a Efe que ese caso representa un "verdadero problema" para el Gobierno de Martinelli, que "lo está manejando políticamente con el envío a Italia" de Mulino, en un movimiento que "no tiene trascendencia jurídica".
La trama de supuestos sobornos a funcionarios panameños, incluido Martinelli, a cambio de contratos millonarios, aparece en las investigaciones por corrupción internacional y chantaje que la Fiscalía de Nápoles sigue contra Lavitola.
Hasta ahora el presidente panameño, que suspendió el lunes un viaje a México para participar en la edición latinoamericana del Foro Económico Mundial, solo ha reaccionado a través de su cuenta en Twitter, negando que haya "recibido un céntimo" del italiano, y calificando la situación de "infamia" con fines "políticos".
"Cuando a uno lo embarran en algo que no tiene que ver, uno siente que nada tiene que decir o responder. Pronto se sabrá toda la verdad", escribió el gobernante en la red social.
Pero el gobernante ordenó a Mulino viajar de urgencia a Roma para aclarar la situación y expresar su "inconformidad" por el tratamiento que se le ha dado, según dijo el propio canciller encargado a la prensa extranjera en Panamá el miércoles.
El ministro también convocó el miércoles al cuerpo diplomático para dar las primeras explicaciones del caso.
Mulino insiste desde hace meses que no hubo "sobreprecio" en un contrato por unos 250 millones de dólares firmado en 2010 con una filial de la estatal italiana Finmeccanica para el suministro de seis helicópteros, 19 radares y un mapa digital.
Según versiones de prensa, Lavitola supuestamente actuó de intermediario en ese contrato, aunque Finmeccanica, desde Italia, y su filial en Panamá, Agusta Westland, lo niegan.
El ministro también desestimó las versiones de la prensa italiana de que Finmeccanica había prometido al gobernante un helicóptero de lujo como supuesto "anticipo del pago" millonario de un soborno.
Martinelli "tiene dos helicópteros y un jet privado", argumentó Mulino tras tildar de "absurda" esas versiones.
El expediente judicial contra Lavitola incluye el pago de supuestos sobornos para lograr un contrato de construcción de cárceles en Panamá, que finalmente nunca llegó a firmarse.
La fiscal panameña anticorrupción Lizzett Chevalier se reunió este jueves en Nápoles con el viceprocurador Fausto Zucarelli y con los fiscales del caso, Henry John Woodcock y Francesco Cursio, para solicitar formalmente copia del expediente Lavitola, según un comunicado oficial divulgado en Panamá.
La Procuraduría panameña abrió una investigación de oficio que busca determinar si algún funcionario local incurrió en corrupción.
Hoy mismo medios italianos informaron de que Lavitola negó al juez del caso el pago de sobornos a funcionarios panameños, y que les llegó a entregar 600.000 dólares por una serie de operaciones comerciales lícitas.
"La investigación (italiana) está incipiente, habría que esperar el resultado", dijo a Efe el exprocurador Cruz al sostener que, de momento, el efecto del caso en Panamá es sobre todo político.
La Procuraduría "puede obtener información para abrir casos penales a funcionarios públicos" por supuesta corrupción, pero no al presidente, que solo puede ser investigado por la Asamblea Nacional, dominada ahora por el partido de Martinelli, Cambio Democrático (CD), añadió el experto jurista.
Los opositores Partido Panameñista y Partido Democrático Revolucionario propusieron en la Asamblea Nacional la conformación de una comisión para investigar el caso, pero la mayoría oficialista lo rechazó.
Las leyes italianas tipifican como delito tanto pagar como recibir sobornos por parte de un trabajador público, aunque en el caso de funcionarios de fuera de la Unión Europea, solo puede ser castigado el corruptor y el que instiga a la corrupción.
Es decir, que ninguno de los funcionarios panameños que supuestamente recibieron sobornos de Lavitola puede ser perseguido por la ley italiana.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios