Buenos Aires, 5 dic.- El Gobierno de Argentina dijo hoy que la citación al ministro de Justicia, Julio Alak, a declarar en una causa que le investiga por su actuación en Aerolíneas Argentinas es parte de la "embestida judicial" contra funcionarios del Ejecutivo.
"No cabe ninguna duda que se trata de una embestida permanente de determinado tipo de jueces y del Poder Judicial respecto a funcionarios del gobierno", dijo el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, en su rueda de prensa diaria.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi citó a declaración indagatoria a Alak por su rol en la directiva de Aerolíneas Argentinas en 2008, cuando la empresa aún pertenecía al grupo español Marsans.
"Esto es parte de una estrategia comunicacional de agresión permanente al Gobierno. Lo sabemos, lo admitimos y lo decimos públicamente. Por lo tanto, esto no me cabe la menor duda de que forma parte de esa estrategia", dijo Capitanich.
El Gobierno ha cuestionado en las últimas semanas a la Justicia luego de que un juez allanara la empresa hostelera Hotesur, de la que es accionista la presidenta argentina, Cristina Fernández, en el mercado de una investigación por presuntas irregularidades administrativas.
En el caso de la causa que tiene como centro a Alak, el juez Martínez de Giorgi investiga un presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario publico, a raíz de una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans.
Según la querella, Alak y Vilma Castillo, quien actualmente se desempeña en la Auditoría General de la Nación (órgano de control del Estado), presuntamente omitieron actuar ante la grave situación financiera que atravesaba la empresa.
Ambos están citados a declarar ante Martínez de Giorgi el próximo 17 de diciembre.
Este jueves, Alak dijo en un comunicado que resulta "llamativo" que se le cite a declarar a fines de 2014, cuando la causa, supuestamente, se inició en 2008.
Como miembros de la directiva en representación del Estado argentino, Alak y Castillo advirtieron al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, sobre los problemas económicos de la empresa y pidieron una intervención política para salvarla.
Sin embargo, desde la Secretaría de Transporte señalaron que era la directiva la que debía articular medidas para generar una intervención judicial sobre la compañía aérea.
La denuncia acusa a Alak y a Castillo de no haber tomado medidas tras la recomendación de Jaime y después haber firmado un acta acuerdo con la propia Secretaría de Transporte, en la que el Estado se comprometía a aumentar su participación en la aerolínea y hacerse cargo de parte de la deuda de la empresa.
Mediante este acta acuerdo, firmada en julio de 2008, el Gobierno nacional se comprometió a incrementar su participación en la empresa del 5 % que poseía, al 20 %.
Finalmente, en diciembre de 2008, el Parlamento, por impulso del oficialismo, aprobó una ley para la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
Alak aseguró que dará "todas las explicaciones pertinentes" cuando conozca el contenido de la causa y concurra a prestar declaración.
El ministro afirmó que como director por el Estado en Aerolíneas Argentinas ha "defendido con honestidad y transparencia los intereses de la empresa y el patrimonio del Estado nacional".
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